Coalición contra el inmovilismo

En lo que más se parece Cataluña al resto de España es en su grado de malestar. El clamor soberanista es sintomático de unas inquietudes de fondo que son compartidas. En todas partes los consensos de la Transición (sobre el modelo social, institucional y territorial) se han ido agotando o han caducado. Las instituciones y quien les aguanta han ido perdiendo legitimidad a marchas forzadas. Los ciudadanos no se sienten ni representados ni reconocidos por unos poderes supuestamente públicos.

Las respuestas institucionales han consistido hasta ahora en una mezcla irresponsable: sordera para ningunear a la indignación, inmovilismo para frustrar la voluntad de cambio, y la provocación para humillar e intentar paralizar la contestación. Es lógico que tanta insensatez vaya convirtiendo la desafección en ganas de un divorcio con la España actual. Tanto en Cataluña como en el resto de España.

En lo que más se parece Cataluña al resto de España es en su grado de malestar

El soberanismo, con su tendencia hacia el solipsismo, complica una solución compartida; pero en sus reivindicaciones también señala gran parte del camino. Insta a una nueva configuración de las instituciones y un reparto moderno de la soberanía —adaptado a la nueva realidad europea— para lograr una democracia de mayor calidad. Supone una enmienda a la totalidad al marco constitucional. Requiere de una legitimación en positivo, porque no permite que se siga leyendo fenómenos como el silencio o el abstencionismo como apoyos tácitos al statu quo.

Es urgente no solo escuchar las legítimas reivindicaciones que surgen de Cataluña con cada vez más intensidad, sino también generar respuestas. Por una cuestión básica de respeto y porque es también una doble necesidad progresista. En primer lugar, mientras la agenda pública catalana se centre en el proceso será casi imposible constituir Gobiernos progresistas, tanto en Cataluña como en España. Si se pretende recomponer mayorías de progreso, es obligatorio resolver el encaje territorial y nacional. Los partidos de derechas y regionalista son los principales beneficiados del bloqueo actual.

Segundo, y aunque pueda sorprender, el federalismo es un mecanismo que nos permite mejorar y defender los servicios públicos, cuya sostenibilidad depende de una reforma fiscal (opuesta a la contrarreforma actual del PP) que nos acerque a la media contributiva europea. Tal reforma debería equilibrar la carga impositiva sobre capital y trabajo y reducir significativamente el fraude fiscal. Pero para evitar la competencia desleal, la única vía factible es un federalismo cooperativo; tanto en España como en la UE.

El federalismo, que aporta elementos de reconocimiento y calidad democrática que pueden interesar a todos, es necesario pero no suficiente. Para conseguir el respaldo de amplias mayorías en España y Cataluña, cualquier reforma de la Constitución tendrá que tener también en cuenta otras demandas. Como se vio en el caso de Quebec, una reforma global tiene más posibilidades de éxito que una reforma parcial.

El abanico de cuestiones constitucionales pendientes de abordar es amplio: desde clásicos como la jefatura del Estado o la relación entre el Estado y la Iglesia, pasando por nuevos temas como los derechos digitales y el derecho a la privacidad; la reforma de la justicia y la modernización de la Administración pública; la constitucionalización de los derechos sociales y los modelos electorales, educativos y energéticos. La gran virtud de un proceso de reforma constitucional es que todo el mundo está en su derecho de intentar marcar la agenda. No interesa que sea patrimonio de nadie, ni de ningún cartel de partidos. Tampoco es factible una reforma de la Constitución en profundidad hecha exclusivamente desde el bipartidismo.

Se decía del Earl of Liverpool, primer ministro británico de año, que era tan conservador que se hubiera opuesto a la creación para preservar el caos. Habrá inspirado a la derecha española, la más enrocada de toda Europa. Quienes afirman que el PP actual es imprescindible acaban siendo convertidos en sus rehenes. No se puede llegar a ningún sitio con quien se niega a moverse.

La coalición por el cambio tendrá que ser necesariamente algo más plural y más compleja. La paradoja del momento es que solo hay un programa de máximos factible, que es buscar un acuerdo sobre el mínimo denominador común: cambiar la Constitución a través de unas Cortes constituyentes. En sociedades plurales como las nuestras, solo una coalición contra el inmovilismo puede llegar a ser suficientemente amplio como para lograr la necesaria supermayoría.

Por eso, la decisión más importante que tendrán que tomar todas las fuerzas políticas españolas es si quieren formar parte de una gran coalición para aguantar al viejo régimen, o si quieren lanzar una gran coalición por el cambio de la Constitución. Se pueden detectar señales positivas, pese a que a algunos esto seguramente les esté provocando vértigo. Pero para merecer la confianza se tiene que confiar. Tarde o temprano (y más bien temprano) se tendrá que abrir este proceso, para que participe y debata la ciudadanía, para acabar votando.

David Lizoain es economista.