La juez embarga 50,8 millones a exdirectivos de Isofotón

La titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de Málaga, Rocío Marina Coll, ha atendido la petición de los administradores concursales de Isofotón y ha acordado el embargo preventivo de bienes del expresidente de la empresa de energía fotovoltaica, Angel Luis Serrano, de su hermano y exvicepresidente, Diego Serrano, y de un exconsejero de la entidad, Carlos Zambudio, por un importe de 50,8 millones de euros. Esta medida cautelar se adopta ante una eventual declaración de culpabilidad en la que pudieran ser condenados a cubrir el déficit que resulte de la liquidación de la compañía. La resolución se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial. 

La compañía se declaró en concurso voluntario de acreedores en 2013

Isofotón, controlada por el Grupo Affirma desde junio de 2010, se declaró en concurso voluntario de acreedores en junio del año pasado, poco después de aplicar un expediente de regulación de empleo sobre 352 trabajadores de su plantilla. Solo cuatro meses más tarde, anunció otro ERE para los 299 empleados que quedaban contratados y abocó a su cierre a la factoría malagueña de paneles solares, que ha sido líder a nivel mundial en tecnología y ha estado fuertemente subvencionada por la Junta. En ambos casos alegó dificultades financieras. La deuda ha sido cifrada en unos 300 millones.

La resolución de la juez se dicta tras una vista celebrada el pasado 17 de septiembre para determinar si optaba o no por esta medida cautelar. El auto alude a la existencia de indicios que apuntan al “incumplimiento” de los propietarios “del deber de colaborar” con la administración concursal, tal y como esta había alertado en distintos momentos durante la evaluación de las cuentas de la compañía. Hubo retrasos “injustificados” en parte de la documentación requerida sobre datos financieros de sus filiales y las operaciones de estas y se abordó un negocio de venta de participaciones sin la autorización del administrador ni del juzgado. Esta operación llevó a sustituir las facultades de administración de la empresa en concurso.

Otras sospechas de una posible causa de culpabilidad son que no consta que se formulasen las cuentas consolidadas de 2012 cuando se presentó el informe de la administración concursal, pese a que era obligatorio, y la presencia de “irregularidades contables relevantes” para comprender la situación patrimonial y financiera de Isofotón.

A la juez le resultan “llamativas” las “enormes diferencias” entre los distintos estados financieros presentados sobre el ejercicio 2012. También alude a la “inexactitud” de los documentos que acompañaban la declaración de concurso (fue voluntario, pedido por la empresa). La solicitud estimaba que el activo ascendía a más de 199 millones y el pasivo se situaba en unos 163 millones. La administración concursal, en cambio, fijó la masa activa en algo más de 111 millones y al pasivo le sumó otros 129 millones por créditos contingentes. “En casi todos los concursos de acreedores se producen variaciones en el inventario de bienes y en la relación de acreedores en cuanto al número y cuantía”, argumenta la juez, que estima que en este caso “se trata de algo más que una simple variación”.

Otro argumento en el que se justifica la medida cautelar es que existe “peligro” de que la lenta tramitación del proceso judicial pueda perjudicar los derechos de los acreedores. El auto alude a la sobrecarga de trabajo de este juzgado, que en estos momentos casi ha cuadruplicado el número de entrada de asuntos que se aconseja para todo el año. La juez recuerda que el concurso ya se encuentra en fase de liquidación y “necesariamente” se abrirá la pieza de calificación. Se prevé un déficit de al menos 50,8 millones entre activo y pasivo, según el informe provisional, cantidad que se pretende cubrir con ese embargo de bienes preventivo.