La Fiscalía vasca inicia la investigación de las vacaciones fiscales

El expediente europeo de las vacaciones fiscales se cerró la primer semana de septiembre. La investigación judicial se ha puesto en marcha la primera de octubre, según ha confirmado EL PAÍS. La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha emplazado al consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria y a los diputados generales de los tres territorios vascos, Bizkaia, Gipuzkoa y Álava a que informen sobre todas las actuaciones que pusieron en marcha entre 2006 y 2013 para recuperar las ayudas ya consideradas ilegales por todos los tribunales europeos.

La fiscalía ha remitido a los máximos responsables actuales un oficio en el que recaba información detallada de cómo avanzó el proceso de recuperación de las ayudas entre esas fechas habida cuenta de que la multa de 30 millones que las instituciones vascas han tenido que abonar, se debía no tanto a la ilegalidad de las ayudas, sino al retraso de las instituciones en recuperar el dinero aportado a las empresas en la década de los años 90 a través de unas controvertidas normativas tributarias que han estado judicializadas veinte años. Las vacaciones fiscales eran ayudas a la inversión y deducciones en el Impuesto de Sociedades, en función de la creación de empleo y creación de riqueza.

La fiscalía especifica que se remita información sobre "todas las actuaciones llevadas a cabo por cada diputación, así como las resoluciones adoptadas para recuperar las ayudas a las empresas de su territorio de conformidad con la sentencia del 14 de diciembre de 2006, desde la fecha de esa sentencia hasta la recuperación integra de las ayudas. Se solicita además copia de los acuerdos o resoluciones adoptados". El Gobierno vasco y sobre todo las tres diputaciones desoyeron a los tribunales europeos en 2006, cuando ya obligaron a recuperar las ayudas, y retrasaron deliberadamente el asunto judicializando todas y cada una de las decisiones de la UE

El mismo oficio ha sido remitido a al Gobierno vasco en la medida en que el Ejecutivo ha recibido el 70% de las ayudas recuperadas, en función de la Ley de Aportaciones y ha acabado pagando el 70% también de la multa.