Las subvenciones de la Diputación de Alicante, al Tribunal de Cuentas

El último informe de fiscalización del Síndic de Comptes sobre las finanzas de la Diputación de Alicante destaca “la incorrecta justificación de alguna de las subvenciones” dadas en 2012 a determinadas entidades que debían haber reintegrado las cantidades. “Este hecho”, según el documento fiscalizador, “podría constituir un indicio de la existencia de responsabilidad contable”.

La oficina que dirige Antonio Mira Perceval consideró en su informe que la entrega de subvenciones por la administración provincial alicantina es susceptible de ser comunicada al Tribunal de Cuentas, si bien la Diputación aprobó en pleno el pasado julio iniciar un procedimiento de reintegro de estas cantidades. Entre la documentación analizada por la sindicatura en materia de subvenciones, “en un caso, no se ha proporcionado a la unidad de control financiero el expediente de la inversión subvencionada”.

La sindicatura destaca además “incumplimientos significativos” de la gestión de fondos públicos tales como el incumplimiento de plazos del ciclo presupuestario en la elaboración de los presupuestos de 2012, 2013 y 2014. Respecto a contratación, las obras del centro cívico para asociaciones de Orba (831.319 euros) no se adjudicaron según criterios ajustados a ley, más bien con otros que “dependen de un juicio de valor” más que de “criterios que puedan ser valorados mediante cifras o porcentajes”. Elementos de juicio similares imperaron también en las obras del auditorio polivalente de Benidoleig (699.000 euros)

El informe también señala que al menos dos contratos se tramitaron indebidamente mediante procedimientos negociados sin publicidad: el suministro de servidores de internet para distintos Ayuntamientos (67.850 euros), así como la compra de un piano de cola (118.379 euros). El primer contrato debió de haberse negociado con publicidad y el del piano mediante procedimiento abierto.

No obstante, la Diputación sale bien parada en otros aspectos. Su oficina de Intervención ha implantado correctamente el control financiero. El endeudamiento disminuyó casi en un 14% durante el ejercicio de 2012. La Diputación no se ha acogido a ningún Real Decreto Ley de endeudamiento especial a largo plazo para el pago de las deudas a proveedores. “El resultado presupuestario del ejercicio ha pasado de ser negativo a ser positivo”, apunta el Síndic, debido “principalmente a una disminución de las obligaciones reconocidas” de inversión y transferencias de capital.

El Síndic advierte de que no puede asegurar la fiscalización de todos los contratos vigentes en 2012 y 2013. Durante el trabajo de campo realizado, detectó “al menos 10 contratos no incluidos en la información aportada por la Diputación”.