Las ayudas a la pobreza energética fracasan tras atender solo 500 casos

Solo 500 familias se beneficiaron el año pasado en Cataluña de la tregua invernal, el plan de la Generalitat para evitar que los hogares sin recursos se quedaran sin electricidad o gas entre los meses de noviembre y marzo. Las condiciones estipuladas en el decreto ley pactado por el Gobierno de Artur Mas y ERC y el hecho de que las ayudas se limitaran a un aplazamiento en el pago de las facturas, que se tenían que liquidar entre abril y octubre, frenaron el número de solicitudes y de aceptaciones, según reconocieron ayer miembros del Departamento de Empresa en un encuentro con la Mesa del Tercer Sector. Como preveían las entidades sociales cuando se aprobó el decreto, fueron los ayuntamientos con sus propias partidas presupuestarias y las mismas ONG las que se encargaron de proteger a las personas que no contaban con recursos suficientes para pagar las facturas.

“Es una cifra baja en relación con la realidad”, admitió tras la reunión el secretario de Empresa, Pere Torres, quien explicó que la medida “no tuvo suficiente difusión”. Según el Idescat de 2011, unos 193.000 hogares no pueden asumir los gastos de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. El Gobierno catalán ha esperado al límite para anunciar los resultados del plan, de los que tendrá que remitir un informe completo al Parlamento.

La Generalitat preveía mejorar la tregua invernal del pasado año, pero no podrá ser así. El Gobierno central aprobó el pasado viernes presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre el decreto ley, al considerar que invadía competencias básicas del Estado. El recurso cuestiona que la Administración autonómica cree su propia clasificación de “persona en situación de vulnerabilidad económica”, que permita aplazar el pago de los recibos porque repercute directamente “sobre los ingresos del sector eléctrico”, que se acuerden mecanismos de intercambio de información entre empresas y Administraciones públicas y que no se haga mención alguna de quién financia esas medidas. Así, el Departamento de Empresa ha diseñado un plan B que prevé cerrar en las próximas semanas.

La Generalitat no descarta pedir donativos voluntarios a ciudadanos

La propuesta que puso ayer sobre la mesa la Generalitat es la de crear un fondo de suministros básicos que bebería de las aportaciones que realizan actualmente Ayuntamientos y entidades sociales y de nuevas que aportarían la Generalitat, las compañías suministradoras e incluso aportaciones voluntarias de ciudadanas. Podría superar los 200 millones de euros. En el marco de la reunión llegó a surgir la posibilidad de pedir donaciones a los ciudadanos a través de formularios enviados junto al recibo de la luz.

El plan ideado por Empresa cuenta con otras novedades respecto al decreto ley del pasado año: serían aportaciones a fondo perdido que pagarían facturas a lo largo de todo el año y que no se limitarían al gas y la electricidad, ya que sumarían también el suministro del agua. Su constitución podría ser más compleja si, como se comentó durante el encuentro, se establece un sistema escalable del pago en la factura, en función de la situación familiar y de unos determinados tramos de consumo.

La propuesta cogió a contrapié a los representantes del tercer sector, que no ven en el fondo una mala idea, pero del que quieren más concreción. Sí que advirtieron un posible problema si la Generalitat finalmente decide dar entrada al capital privado en la gestión de los recursos recabados.

 Urgencia

Toni Codina, el director de la Mesa del Tercer Sector, pidió a la Generalitat que “exprima sus competencias” para evitar que este invierno haya hogares sin suministros básicos. Tanto Codina como Eloi Badia, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, criticaron que las iniciativas de la Generalitat para reemplazar el decreto “aún estén verdes” y dependan una vez más de la buena voluntad de las eléctricas. Empresa acepta que aún no tiene cuantificado cuánto costaría hacer frente a la pobreza energética en Cataluña porque no sabe cuántos son los afectados.

Las compañías de suministros, explicó Torres, “se manifiestan sensibles ante las situaciones de las familias”. Sin embargo, añadió el director general, “tienen la prevención lógica hacia un mecanismo que permita que familias que sí pueden hacer frente a las facturas dejen de pagar los recibos”, añadió. Un estudio realizado por la Cruz Roja entre sus beneficiarios, y que fue presentado la semana pasada, reveló que la pobreza energética ha aumentado en tres años en Cataluña, pasando de un 40% a un 61,8%.