Fabra promete a los rectores reducir ahora 377 millones de deuda histórica

Lo que durante cuatro años parecía imposible e inasumible para la Generalitat, lo ha hecho probable en pocos meses la inminencia de las elecciones. El jefe del Consell, Alberto Fabra, se comprometió ayer con los cinco rectores de las universidades públicas valencianas a asumir nada menos que 377 millones de euros, casi la mitad de la deuda histórica contraída con éstas desde 2004, que a día de hoy asciende a 768 millones. Según el acuerdo alcanzado  entre rectores y Consell, esta deuda se quedaría en 391 millones. Esta cantidad pendiente sería reprogramada desde 2015 hasta 2022, aclaró la consejera de Educación, María José Català.

El pago de la deuda histórica (asi llamada, o "antigua", para distinguirla de la deuda reciente) es una reivindicación que los rectores han mantenido sin estridencias a lo largo de toda la legislatura, aunque han aceptado aplazarla los dos últimos años ante el argumento de Hacienda de que lo más que podía satisfacer en la actual situación financiera de la Generalitat era la mensualidad que permite pagar las nóminas universitarias.

Tanto la consejera de Educación como Vicent Climent, rector de la Jaume I y portavoz de la conferencia de rectores, insistieron, tras la reunión en que se solemnizó el acuerdo, en que se trata de una propuesta que deberá ser ratificada por los consejos de gobierno de las universidades y firmada a continuación por las universidades y la Generalitat. El acuerdo, especificó Català en el Pati de Rectors del Palau de la Generalitat, supone tres compromisos por parte del Consell.

Por el primer compromiso, la Generalitat asume la titularidad de la deuda contraída por las universidades, hasta 217 millones de euros. El segundo, supone la ejecución directa de las inversiones consideraras prioritarias en los distintos campus, por un importe de 49 millones. El tercero, implica asumir “la compensación de intereses de carga financiera que tenían las universidades públicas hasta 2022, por aproximadamente 111 millones de euros”, según explicó la consejera de Educación.

El acuerdo, finalmente, deberá “ser trasladado a los presupuestos autonómicos”, puntualizó Climent. La titularidad de la deuda que asumirá la Generalitat será efectiva inmediatamente después de la firma del acuerdo, puntualizó María José Català posteriormente a preguntas de los periodistas.

En buena medida, las universidades han contraído estos débitos por valor de 217 millones con entidades bancarias, según ratificaron fuentes académicas, como recurso para poder hacer frente a pagos inaplazables. El problema afecta sobre todo, a las universidades de mayor tamaño.

 En cuanto a las infraestructuras consideradas prioritarias, Català citó como ejemplo palmario la facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I de Castellón. Climent matizó que esta “propuesta consensuada” contempla “las asimetrías que tiene el sistema, porque cada universidad tiene una problemática peculiar”.

El Consell de Fabra busca también el respaldo de los rectores a la nueva Ley de Financiación de las Universidades que anunció en el debate de Política General. De ello se habló ayer y se acordó crear una comisión técnica paritaria para avanzar en una normativa que evite que “una situación como esta [en referencia a la deuda histórica] se vuelva a producir”, dijo Climent. Las universidades plantean además que esta Ley esté sustentada sobre el plan plurianual de financiación, construido desde el consenso y que se firmó por las universidades y la Generalitat en septiembre de 2010, pero que "no ha llegado a activarse".