El Gobierno denuncia ante el TC la ley catalana contra la pobreza energética

El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido denunciar ante el Tribunal Constitucional el decreto ley contra la pobreza energética aprobado por el Ejecutivo catalán en diciembre del pasado año, que permitía a un determinado colectivo de personas suspender el pago de las facturas de electricidad y gas durante los meses de noviembre a marzo con la garantía de que no se les cortaría el suministro. La norma, que tuvo un escaso impacto social en su primera convocatoria, permitía a los usuarios a aplazar el pago de las facturas hasta el periodo comprendido entre los meses de abril y octubre siguientes. 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el recurso de inconstitucionalidad, al considerar que el decreto invade competencias de la normativa básica estatal al introducir la definición de "personas en situación de vulnerabilidad económica". Según la documentación del Ejecutivo central, es la Ley estatal del Sector Eléctrico la que determina quién es un consumidor vulnerable, que es asimismo quien tiene derecho a un bono social. Las condiciones establecidas por la Generalitat son diferentes a las estatales.

Además de las condiciones catalanas para definir a una persona en situación de vulnerabilidad económica, el Gobierno también está en contra de que se postergue el pago de las facturas energéticas, que la Generalitat fije mecanismos de intercambio de información y de precios sociales con las compañías suministradoras y que no quede establecido quién se ha de hacer cargo con la financiación de las medidas adoptadas mientras los usuarios no pagan sus recibos.

El Gobierno considera que la Generalitat, con su propia norma, contraviene el sistema de tarifa de último recurso fijada por el Estado para aquellas personas que no tienen suficientes recursos para pagar sus recibos de luz y gas. Respecto a la moratoria en el pago de las facturas, el Consejo de Ministros denuncia que la modificación de las condiciones de pago altera "el pago por aplicación de peajes de acceso y cargos", lo que tiene repercusiones sobre consumidores del resto de comunidades autónomas.

El recurso del Ejecutivo central llega justo cuando el Gobierno catalán y entidades sociales negocian las condiciones de la segunda convocatoria de lo que el año pasado se llegó a denominar tregua invernal. Las entidades del tercer sector consideraban que la propuesta de la Generalitat, pactada con ERC, era poco ambiciosa y no solucionaba las necesidades de las personas sin recursos, ya que solo aplazaba el pago de las facturas.