La Junta refuerza la lucha contra la violencia de género

La Consejería de Justicia e Interior anunció este domingo que reforzará la coordinación en la lucha contra la violencia de género en los ámbitos judicial y de la seguridad con la creación, en todas las provincias, de comisiones mixtas integradas por representantes de las unidades de policía adscritas a los juzgados, del Servicio de Asistencia a Víctimas (SAVA), de los Puntos de Encuentro Familiar y de las Unidades de Valoración Integral.

A estos grupos de trabajo se podrán incorporar, siempre que se considere necesario, miembros de la judicatura, la fiscalía, las fuerzas de seguridad, los colegios de abogados y los psicólogos implicados en la protección de las víctimas de los malos tratos a las mujeres, así como representantes del Instituto Andaluz de la Mujer.

Las comisiones mantendrán reuniones periódicas, al menos una cada cuatro meses, para hacer una puesta en común de las actuaciones desarrolladas en los ámbitos jurídicos y de la seguridad respecto a la lucha contra la violencia de género, adoptar medidas para eliminar o reducir la victimización secundaria de las afectadas, mejorar su atención y defensa legal y reforzar la valoración del riesgo objetivo al que se exponen. Las comisiones se crean en cumplimiento de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral de Violencia de Género y la Ley andaluza de Medidas de Prevención y Protección.

Como parte de esa apuesta por la cooperación institucional, la Consejería de Justicia acaba de firmar un convenio de colaboración con el Gobierno central que permitirá compartir sus respectivos sistemas informáticos de lucha contra la violencia de género, a fin de reforzar y ampliar la protección de las víctimas.

Gracias a este acuerdo se va a conectar la aplicación del Punto de Coordinación de Órdenes de Protección de Andalucía, dependiente de Justicia, con el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen), que gestiona el Estado. Esto permitirá que policía, fiscalías, jueces y servicios sociales de atención a las víctimas tengan acceso a toda la información sobre los procedimientos y medidas arbitradas por las instancias judiciales y policiales en relación a las mujeres que sufren malos tratos.