El Congreso aprueba por unanimidad la ley integral contra la violencia de género

Los aplausos estallan antes de que se anuncie el resultado. En el panel luminoso se leen 320 síes y 320 votos emitidos. Las casillas del no y de la abstención están apagadas. Una explosión de júbilo y otra de alivio recorren los escaños del PSOE, con sus diputados en pie. El proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género queda aprobado por unanimidad, tal como anunciará instantes después el presidente del Congreso, Manuel Marín.

Ocurrió ayer, poco después de las 12.00. La primera ley enviada al Parlamento por el Gobierno -según el compromiso electoral de José Luis Rodríguez Zapatero- recibía su primer visto bueno con la aprobación del dictamen. El respaldo parlamentario estaba asegurado la víspera, pero nadie se había atrevido a poner la mano en el fuego por la unanimidad ante una ley que establece el derecho de las maltratadas a una protección integral y establece medidas sociales, educativas, penales y laborales.

Minutos después de las nueve de la mañana, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentaba la ley en un hemiciclo con aforo apenas terciado y un vacío muy notable en los escaños del PP: apenas media docena de diputados. Después comenzaron las intervenciones de los grupos con una nota dominante: la queja por la rápida tramitación, casi sin debate, de una ley que todos consideran necesaria y nadie cree que acabe de un plumazo con una violencia que se ha cobrado la vida de 55 mujeres en lo que va de año.

Solución positiva

Algunos portavoces, como Carme García Suárez (IU) valoraron el único gran cambio admitido por los socialistas: extender el agravamiento penal, inicialmente previsto para los hombres maltratadores y no para las mujeres agresoras, a cualquier persona que tenga esa conducta hacia otra "especialmente vulnerable" con la que conviva. "Sin ser una solución óptima, es positiva", planteó la diputada de CiU Mercé Pigem.

Llegó el turno del PP y surgió la mayor andanada al proyecto. "No es una buena ley. Si sale así, no habrá un avance en la lucha contra la violencia de género", advirtió la diputada Susana Camarero. Calificó el texto como una "operación de marketing del PSOE", debido a su compromiso electoral.

Camarero pidió la ampliación a los menores del objeto de la ley, limitado a las mujeres maltratadas. En su artículo 1, el proyecto aprobado señala que la ley tiene por objeto "actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia". El texto define la violencia de género como "todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

El PP también arremetió contra el sexismo penal y propuso agravar todas las penas por violencia doméstica, al margen del sexo del agresor. Se opuso también a la creación de juzgados especializados en violencia de género y anunció que mantendrá sus enmiendas en el Senado. Camarero dijo que su grupo aún no había decidido si abstenerse o votar a favor.

Las espadas estaban en alto y el hemiciclo se había llenado. El PSOE, incluido el ministro Caldera, pidió el sí al PP. Tras aprobar una docena de enmiendas de escasa monta con marcadores cambiantes, llegó la votación definitiva. Llegó el sí unánime, sin los aplausos del PP. El presidente del Gobierno abandonó el hemiciclo "muy satisfecho" por la aprobación de "un poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal".

Minutos después, Caldera agradecía los apoyos a "la primera ley integral contra la violencia de género en Europa" y recordaba a las víctimas de una lacra "que la sociedad se ha comprometido a erradicar". Camarero decía que el PP mantiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, pero no planteará recurso y apoyará la lucha contra la violencia doméstica.

Las representantes de organizaciones feministas abandonaron la tribuna de invitados. Estaban contentas, pese a que no les gusta la extensión del agravamiento. Ahora es el turno del Senado. El Gobierno espera que la ley entre en vigor en enero.