El juez amplía la investigación sobre supuestos residuos tóxicos en Orihuela

El concejal de Medio Ambiente de Orihuela (Alicante), Manuel Gallud  (Los Verdes), ha anunciado este jueves que el juzgado número tres de la localidad ha aceptado ampliar la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento por los enterramientos de basura en varias parcelas de la pedanía de La Murada.

El edil ha detallado que, "con esta decisión, el juzgado ha incluido en la denuncia algunas parcelas que se habían quedado fuera de la denuncia inicial" y ha añadido que el Ayuntamiento "deberá realizar catas en estas nuevas parcelas para adjuntar los resultados de estas a la investigación".

Ante la "sospecha" de que existan más parcelas en esta situación, Gallud ha hecho un llamamiento a los vecinos de La Murada "para que se pongan en contacto con la Concejalía de Medio Ambiente si conocen parcelas en las que exista un posible vertido y que no se esté investigando sobre ellas".

Gallud ha recordado que "estas actuaciones judiciales comenzaron en octubre de 2011, cuando la Concejalía de Medio Ambiente interpuso la denuncia por los residuos enterrados en varias parcelas de La Murada siendo concejal Manuel Culiáñez".

En noviembre de ese año, se comunicó a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Seprona la existencia de lixiviados que, "presuntamente, procedían de la planta de residuos de Proambiente, situada entre Abanilla (Murcia) y La Murada".

Posteriormente, en julio de 2012, la Concejalía de Urbanismo "decretó el cierre provisional de la planta de Proambiente", y ha añadido que "después de todo esto, la Conselleria de Medio Ambiente envió un escrito en el que se requirió a la Concejalía de Medio Ambiente a que comprobase si, efectivamente, había residuos en esas parcelas, puesto que sus propietarios se habían puesto en contacto con la Conselleria para decir que no había enterramientos".

A juicio del edil, "lo que tiene que hacer la Conselleria es investigar", al tiempo que ha mostrado unas imágenes en las que explicado que "se ven plásticos y otros residuos presumiblemente tóxicos enterrados a un metro de profundidad. "Esto es un delito medioambiental y un delito contra la salud de las personas y la conselleria ha tratado de esconderlo y engañar a los ciudadanos", ha concluido.