Cataluña recaudará desde octubre el impuesto sobre los depósitos bancarios

El Gobierno de Artur Mas sigue adelante con el pulso que mantiene desde hace casi dos años con el Ejecutivo de Mariano Rajoy por el cobro del impuesto sobre los depósitos bancarios. La Generalitat aprobó ayer el reglamento sobre el tributo, que las entidades financieras deberán liquidar entre el 1 y el 20 de octubre por los depósitos de clientes radicados en Cataluña. El ministerio de Hacienda llevó la tasa al Constitucional al considerar que la decisión de la Generalitat podía suponer que se gravara dos veces el mismo hecho. El Alto Tribunal admitió a trámite el recurso, pero levantó la suspensión cautelar del impuesto, lo que permite que la Generalitat pueda cobrarlo hasta que se emita sentencia.

El cobro del impuesto será un balón de oxígeno para las arcas catalanas, que atraviesan por uno de sus peores momentos, puesto que este mes no ha podido abonar ni los conciertos sanitarios ni parte del dinero que destina a organizaciones sociales. Además, el presidente Artur Mas ya ha avanzado que el Ejecutivo catalán inclumplirá los objetivos de déficit para este y el año que viene.

La Generalitat estima que el impuesto le permitirá ingresar unos 500 millones correspondientes al ejercicio 2013. Este debería haberse liquidado el pasado mes de mayo, pero el retraso en la aprobación del decreto ha llevado a que el pago se efectúe en octubre. El Abogado General del Estado, en su recurso al Constitucional, elevó la previsión de recaudación a 866 millones de euros. A pesar de que Mas lleva meses vinculando el cobro de ese impuesto con la restitución de la paga de Navidad de sus empleados públicos, ayer el portavoz Francesc Homs nada dijo al respecto. Es más, Artur Mas ha anunciado que no planea recuperar esa paga extra hasta el año que viene.

El tipo que se aplicará al ahorro oscila entre el 0,3% y el 0,5%

A pesar de las previsiones de ingresos, fuentes del mercado explicaron que las entidades financieras barajan hacer frente al impuesto con un aval, es decir.Las entidades consultadas ayer rechazaron hacer comentarios al respecto, aunque sí mostraron su sorpresa por la aplicación del tributo, en especial después de que el pasado mes de julio el Gobierno central creara un impuesto sobre los depósitos del 0,03% que anulaba el que habían creado varias comunidades autónomas. Con este tributo, cuyo despliegue no se ha concretado, se esperaba recaudar 375 millones de euros. Antes, Extremadura, Andalucía y Canarias ya habían aprobado ese gravamen. Ante la instauración del tributo en Asturias y Cataluña, el Ejecutivo central decidió crear un impuesto al 0% para impedir que pudiera ser implantado en más autonomías y compensar a las tres que ya lo habían recogido en su normativa.

La Generalitat decidió seguir adelante con su implantación, ante lo que la Abogacía del Estado acudió al Constitucional. Esta, además, pidió mantener su suspensión al considerar que la aplicación del impuesto podría “generar perjuicios irreparables para las entidades de depósito sujetas al pago del tributo” y dificultaría el acceso al crédito de empresas y familias. El Constitucional rechazó esa pretensión y levantó la suspensión inicial al considerar que el gravamen se había impuesto en un momento de “fuertes recortes presupuestarios” y que la Generalitat lo había hecho acuciada por el déficit y la elevada deuda pública.

El tributo se justifica en el actual contexto financiero y en la “consecución de las medidas de reequilibrio adoptadas” por la Generalitat y se aplicará a las entidades de crédito que capten depósitos en Cataluña mediante su sede central o sus sucursales en el territorio. El decreto ley aprobado en 2012 prohíbe que los bancos puedan trasladar el coste del tributo al cliente de ningún modo. El tipo aplicable será bastante superior al fijado por el ministerio de Hacienda: del 0,3% para bases imponibles de hasta 150 millones de euros; del 0,4% para el tramo de entre 150 y 600 millones, y del 0,5% a partir de esa cantidad.

El decreto también contempla deducciones para las entidades: de 200.000 euros si el domicilio fiscal del banco está en Cataluña, y de 5.000 euros por cada oficina ubicada en Cataluña y 5.500 por sucursal que se halle en municipios de menos de 2.000 habitantes. El impuesto deberá abonarse entre el 1 y el 20 de mayo, aunque podrá ser pagado en dos partes, una de ellas en mayo y otra en octubre.

El impuesto de la Generalitat, contemplado en los acuerdos de estabilidad parlamentaria entre CiU y ERC, soliviantó al sector bancario. La Asociación Española de Banca (AEB) consideró que penalizaba “la figura más tradicional y accesible en la que los ciudadanos materializan sus ahorros”, desalentaba el ahorro en una economía que necesitaba acudir a la financiación exterior y fragmentaba “el mercado financiero español”.