El transporte público en Barcelona costará la mitad los días de contaminación

Encarecer el uso del vehículo privado y abaratar el del transporte público. Esta es la fórmula de la Generalitat de Cataluña para reducir el problema de la contaminación atmosférica que afecta a Barcelona y su área metropolitana. El Ejecutivo catalán aprobó ayer un plan para la mejora del aire en el que se incluye la reducción de un 50% en el precio del transporte público y un aumento del 25% en los aparcamientos municipales y de los peajes que dan acceso a la zona metropolitana.

Las medidas del Gobierno catalán no serán permanentes, sino que solo se aplicarán los días en los que los niveles de partículas en suspensión (PM10) o de óxidos de nitrógeno (NOX) sobrepasen los límites fijados por la Unión Europea para estos contaminantes que provocan enfermedades respiratorias, infartos de miocardio y cáncer de pulmón. Los vehículos más respetuosos con el medio no se verán afectados por la subida de peajes y aparcamientos.

Las nuevas medidas del plan de la Generalitat se aplicarán en 40 municipios de las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental y Vallès Occidental, declarados como zona de protección especial (ZPE) por sus altos índices de contaminación, y en los que viven 4,3 millones de personas, casi un 60% de población de Cataluña.

Según confirmó ayer el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, las medidas para restringir el tráfico se pondrán en marcha entre 2015 y 2016, cuando también entre en funcionamiento la tarjeta T-Movilidad. Las nuevas tarifas para peajes y aparcamientos en los días de episodios ambientales de contaminación se sumarán a la velocidad variable, que se aplica desde finales del pasado año. En los últimos doce meses, Barcelona ha sufrido siete episodios de alta contaminación, todos durante la primera quincena del pasado diciembre.

“Estas medidas solo se aplican cuando ya tenemos el problema gordo encima”, se quejó ayer Maria García, coordinadora de Ecologistas en Acción en Cataluña.

La Generalitat sigue así el camino de otras ciudades europeas que han puesto en marcha medidas para reducir el tráfico rodado, responsable de la mitad de las emisiones de estos contaminantes. Madrid prevé prohibir a partir de 2015 la circulación de coches por el centro de la ciudad. Mientras que en Londres cuesta más de 11 euros al día.

El plan del Gobierno catalán llega después de que las autoridades europeas hayan amenazado varias veces al Gobierno español con imponer drásticas sanciones por los constantes incumplimientos de los límites de contaminantes en la zona metropolitana de Barcelona. Las autoridades europeas rechazaron en 2012 la petición de moratoria de cinco años del Ejecutivo catalán para cumplir con la legislación comunitaria al considerar que harían falta “medidas más estrictas”.

El nuevo plan prevé también desgravaciones fiscales para las empresas que incorporen técnicas que reduzcan las emisiones, y bonificaciones en el impuesto de gases y partículas a las que contengan sus niveles de contaminantes. “Los ciudadanos tienen que pagar y a las empresas les dan beneficios fiscales”, denunció García.