Condenado un constructor a tres años de cárcel por defraudar con firmas ficticias

El constructor de Pontevedra Roberto Martín ha sido condenado por el juzgado de lo penal número 6 de Pontevedra a tres años y seis meses de prisión por delito fiscal y por defraudar 1.697.000 euros que tendrá que devolver a la hacienda pública, además de pagar una indemnización al Estado de medio millón. El juzgado concluye que el constructor, hermano de Telmo Martín, diputado nacional del PP y exalcalde de Sanxenxo, incurrió en un delito fiscal con el agravante de haber utilizado hasta seis sociedades ficticias para ocultar los beneficios que obtenía con la compraventa de bienes inmobiliarios y que en algunos casos llegaron al 250%.

El empresario no podrá solicitar subvenciones ni desgravaciones durante cinco años y el tribunal fija una condena de 100 días más de cárcel por si Martín no pagara los dos millones en multas que establece el fallo. La sentencia da por probado que en las empresas del entramado “no hubo actividad ni medios ni personal como para poder satisfacer esas transacciones”. Las firmas se vendieron después por precios muy bajos a personas de nacionalidad portuguesa que no pudieron ser localizados porque figuraban con domicilios falsos.

De 2006 a 2008, el promotor utilizó las sociedades limitadas Razamonde, Abbaco Gestión Inmobiliaria Financiera, Gestiones Empresarias de Pontevedra Norte, Redison Imexcom 1991 Unipersonal, Starnberg Business y Desarrollos y Proyectos Socimar para “aparentar legalidad y ocultar las ganancias de pelotazos inmobiliarios”, según declaraciones del perito en el juicio que recoge el fallo. En la investigación de la Agencia Tributaria se constató también la emisión de facturas falsas que no obedecían a operaciones económicas reales para justificar la inexistente actividad empresarial de las sociedades del entramado. No obstante, la acusación no ha podido ir más lejos porque las diligencias judiciales se abrieron exclusivamente por delitos contra la Hacienda Pública.

Por las operaciones inmobiliarias realizadas a través de Gestiones Empresariales de Pontevedra Norte, SL, tampoco se declaró ningún impuesto, aunque en julio de 2008, Martín compró dos parcelas urbanas en A Illa de Arousa a Domus Inversión Empresarial por 360.607 euros. Tres meses después, el empresario las vendió a la entidad La Illa CB por 901.000 euros y obtuvo un beneficio neto de 540.393 euros.

Otras de las operaciones descritas en el fallo se refieren a la compraventa de dos fincas en Sanxenxo que se vendieron por 1.184.000 euros pocos meses después de ser adquiridas por 560.000 euros. En todas las firmas ficticias aparece Martín como único socio y administrador, salvo en Razamonde, administrada por Claudia Patricia Sánchez y con el condenado como autorizado en la cuenta bancaria.

Entre otras, se aparentaron transmisiones de Abbaco y de Desarrollos y Proyectos Socimar por 10.000 euros a Francisco Vaz Sousa. Luego, desde Gestiones Empresariales y Redison Imexcom se hizo lo mismo a favor de Joao-Paulo Duarte Pereira, por 6.000 euros. Socimar Starnberg Business también pasó a ser administrada por Julio Manuel Magalhaes Da Costa.