En el alambre

Si la manifestación del día 11 en Barcelona fue la mayor jamás registrada en la capital catalana, no menos grande, y relevante, es el desprecio con que ha sido despachada por aquellos a quienes pretendía interpelar, el Gobierno de Mariano Rajoy y su partido, y por los numerosos corifeos que les secundan en el universo mediático español. Es un desprecio proporcional a la magnitud de la concentración. Contra más numerosos sean los manifestantes más insistirán estos palmeros en que se trata de una multitud manipulada, una masa a la que se ha lavado el cerebro, muchedumbres entontecidas por la propaganda del pérfido nacionalismo, etcétera.

Ya fue muy chocante que fuera también ignorada en la capital de España una manifestación tan enorme como la de 2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. Pero aquella fue la que inauguró el presente ciclo de las grandes concentraciones anuales del catalanismo. Un calentón, se dijo entonces. Un suflé que bajará cuando baje la temperatura, se añadió, después. Lo cierto es que el termómetro no ha hecho más que subir.

En 2010, sin embargo, ya algunas voces muy autorizadas por su condición de padres de la Constitución o de especialistas en derecho político, advirtieron que en Cataluña había entrado en crisis el sistema constitucional español. O, por lo menos, la parte del modelo constitucional que trata de la articulación de las nacionalidades y regiones en el Estado español. Contra esta interpretación se alzó otra, sostenida sobre todo por el PP y su Gobierno, con sus correspondientes especialistas en derecho, que niega la existencia de esa crisis constitucional y atribuye la responsabilidad del malestar político catalán a la debilidad e imprudencia de los partidos moderados, CiU y PSC, por haberse entregado a los independentistas de Esquerra Republicana.

Todo se debería, según esa interpretación, a que movidos por sus respectivas necesidades de apoyos parlamentarios, los socialistas de Pasqual Maragall en 2003 y el centroderecha nacionalista de CiU en 2010, se habrían convertido en los tontos útiles del independentismo. Todo se arreglaría volviendo a los viejos buenos tiempos de los pactos de CiU con Aznar o González.

La propuesta de consultar al electorado sobre el futuro político de Cataluña es fruto y exponente principal de la crisis constitucional española

Mas actúa de acuerdo con la primera de estas dos interpretaciones. La propuesta de consultar al electorado sobre el futuro político de Cataluña es fruto y exponente principal de la crisis constitucional española. La responsabilidad de esta crisis recae para Mas en la obstinada determinación del PP a aplicar una involución en materia autonómica y a oponerse a todas las propuestas que, en ese orden de cosas, han surgido de Cataluña en la última década. El no al Estatuto catalán de 2006 hasta lograr que el Tribunal Constitucional lo desarbolara en 2010. El no a la propuesta de negociar un pacto fiscal. Más tarde, el no a consultar al electorado sobre el modelo de articulación de Cataluña en España.

Es cierto que a cada una de estas negativas le ha seguido una escalada de la temperatura política en Cataluña. La manifestación del pasado día 11 muestra claramente que el universo social y político catalanista sigue movilizado y ahora mismo está a la espera de que el Gobierno catalán le convoque a las urnas para el día 9 de noviembre.

Mas reafirmó ayer su decisión de hacerlo y, como un equilibrista en el circo, empezó a cruzar la pista sobre el delgado alambre situado a una altura en la que las caídas son mortales. Reafirmó su hoja de ruta. Pero el Parlamento catalán y el Gobierno de CiU no son los únicos protagonistas de esta película y si su agenda prevé la convocatoria de la consulta, la agenda del Gobierno de Rajoy tiene también prevista la suspensión de la misma por el Tribunal Constitucional. En las previsiones difundidas para estas semanas figura incluso la del fiscal general del Estado, que ya ha buscado los artículos del Código Penal que fueren de aplicación en el supuesto de que al presidente Mas se le ocurriera convocar un referendo sin la bendición del Gobierno de PP.

Llegados a este punto cabe preguntarse qué opciones le quedarán a Mas y a su partido cuando el Gobierno del PP suspenda la consulta. ¿Dimitir, ante el fracaso de su apuesta, para dar paso a un nuevo gobierno del mismo color con otro presidente y otro programa? ¿Ensayar la formación de otra mayoría parlamentaria, sustituyendo el pacto con ERC por otro con el PSC? ¿Convocar elecciones, como le reclaman algunos de sus adversarios?

A dificultar la adopción de cualquiera de estas medidas, u otras que surjan en el bloque político parlamentario favorable a la consulta, contribuye poderosamente la percepción de que el mapa electoral se halla en ebullición. Las elecciones al Parlamento Europeo lo mostraron, la demoscopia electoral lo avala. CiU y PSC están en sus peores momentos desde 1980. Nadie está en condiciones de prever cómo respondería el electorado en unas elecciones anticipadas. El alambre por el que Mas ha comenzado a cruzar la pista está muy alto. Y no hay red.