Cinco imputados más en la causa contra la anterior cúpula

La anterior directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con Santiago Herrero a la cabeza, afronta un proceso judicial con un panorama sombrío. La juez Patricia Fernández ha imputado por estafa continuada a cinco personas más en la causa que instruye por la construcción de 583 viviendas de VPO en Sevilla que nunca fueron entregadas y que arrastra numerosos impagos. Ya son 13 los empresarios y técnicos acusados en este caso. A los exdirectivos de la patronal Herrero, Juan Miguel Salas Tornero y Antonio Carrillo (actual secretario general), entre otros, la juez ha sumado a Julián y Manuel Escamilla, de la firma Dosevi, Cristóbal Pérez por CYR, Manuel Hernández por Nazarí y Dolmen y José María Civil de Salt Macana, para que declaren como imputados el próximo 22 de octubre.

La denuncia de los contratistas que sufrieron los impagos de la promoción inmobiliaria dibuja una acción concertada para supuestamente engañarles y acabar las obras de las VPO a toda costa, a sabiendas de que nunca iban a percibir el dinero de las obras ejecutadas. “Los imputados utilizaron a todas las promotoras de su grupo (…) para beneficiarse con la construcción de unas VPO, conociendo que no había disponibilidad económica para dicha construcción, a pesar de haber conseguido financiación a través de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, constituida por la CEA”. Los nuevos empresarios acusados conocían la situación financiera del grupo Dolmen, que levantó la promoción de viviendas y hoy está en concurso de acreedores, ya que les debía dinero, pero aun así encargaron trabajos a los contratistas denunciantes, “colocándose como sociedades interpuestas con el objeto de hacer infructuosas las reclamaciones” que más tarde llegarían debido a los impagos ulteriores, ya que estaban contratando con entidades insolventes.

En 2005 la CEA creó la fundación como entidad sin ánimo de lucro y para fomentar “el carácter formativo y educaciones, mediante actividades formativas, técnicas, investigadoras, culturales y de cooperación”. Todas estas intenciones se limitaron a la construcción de las VPO, que terminaron en un fiasco y ahora en una instrucción judicial. ¿Qué pasó con la intención altruista alejada del beneficio económico del ladrillo? “Pregúntele a Rafael Álvarez Colunga (fallecido expresidente de la CEA que creó la fundación) El patronato solo se reunía una vez al año, porque la marcha de las obras la llevaba Dolmen, que tenía los poderes”, alega hoy Carrillo al respecto, después de su declaración ante la juez la pasada primavera.

La denuncia contra los empresarios imputados relata los vínculos entre la patronal, la constructora Dolmen y las sociedades interpuestas en un supuesto engaño para así lograr que los contratistas ejecutaran unos trabajos a pesar de la situación de insolvencia. “Sociedades interpuestas para contratar a pequeños constructores con objeto de que realizaran las obras señaladas”. La denuncia demuestra que anteriormente Dolmen, cuyo presidente Juan Manuel Sanz y consejero delegado Antonio González Lara están imputados, siempre había contratado directamente las obras con las empresas contratistas, excepto esta última vez que lo realizó a través de sociedades interpuestas.