El Gobierno vasco dice que mantendrá el empleo público

El Gobierno vasco ha expresado este jueves su compromiso con el mantenimiento del empleo público, aunque los sindicatos lo han puesto en duda tras estudiar el anteproyecto de ley que regulará las condiciones laborales de los 110.000 empleados de las administraciones vascas.

Tras la cita de este jueves se abre un periodo de alegaciones, al que seguirán reuniones bilaterales y una nueva Mesa General a finales de octubre o principios de noviembre. El texto se enviará después al Parlamento vasco, donde el Gobierno calcula que pueda aprobarse entre enero y febrero del próximo año como una norma marco para que luego cada administración -Gobierno, diputaciones y ayuntamientos- diseñen sus carreras profesionales y su sistema de retribución específico.

El viceconsejero de Función Pública del Gobierno vasco, Andrés Zearreta, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con el mantenimiento del empleo público, aunque ha reconocido que el anteproyecto contempla una serie de "medidas excepcionales" para situaciones "muy excepcionales", pero siempre "respetuosas" con ese empleo público.

Ha explicado que una "reducción dramática" de los recursos de las administraciones provocarían esas medidas "excepcionales", pero ha recordado que en la actual crisis el Gobierno vasco ha conseguido mantener el empleo, algo que, ha subrayado, no han hecho otras administraciones en el Estado.

Tras recordar que la actual normativa tiene 25 años de antigüedad, el viceconsejero ha augurado que en la negociación habrá cuestiones "asimilables" entre las alegaciones que puedan hacer los sindicatos y otras que no.

En todo caso ha mostrado su deseo de contar "con el mayor acuerdo sindical" posible, por lo que ha hecho un llamamiento a la participación "responsable" de las centrales.

El anteproyecto afectará a 110.000 funcionarios y personal laboral del Ejecutivo, las tres diputaciones y Eudel, a los que dará la posibilidad de ascender en su carrera profesional y mejorar su salario sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, así como de ocupar puestos de nivel directivo con un sistema de retribuciones variable en función de objetivos cumplidos.

No obstante también contempla medidas contestadas por los sindicatos como excedencias forzosas y reducciones de jornada y sueldo en caso de "contención presupuestaria, una situación de crisis económico-financiera o una reducción de los ingresos públicos que imposibilite el mantenimiento de las plantillas existentes".