La Junta expresa su alivio porque los ERE estén en el Supremo

El Gobierno asegura que se acaba la “indefensión” de los ex altos cargos

El consejero de Economía en el Parlamento andaluz.
El consejero de Economía en el Parlamento andaluz.Laura León

Las iniciativas parlamentarias sobre el fraude los ERE se elevan ya a 650 en el Parlamento andaluz, una cifra que cada vez que hay una decisión judicial aumenta. A petición del Partido Popular, el Gobierno andaluz ha valorado este miércoles que la juez instructora, Mercedes Alaya, haya elevado al Tribunal Supremo la causa al salpicar hasta nueve aforados: los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

Algunos de ellos ha asistido desde sus escaños al debate, en el que el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ha expresado la “enorme satisfacción” de todo el Ejecutivo autónomo de que se “ponga fin a la indefensión jurídica y política” de sus compañeros de partido.

Hace justo un año, la juez Mercedes Alaya señaló en un auto a los ex altos cargos de la Junta, todos ellos aforados, al estimar que idearon un sistema de concesión de ayudas a empresas en crisis y a trabajadores despedidos que permitió un fraude 855 millones de euros durante una década.

Maldonado, consejero de Economía, pide al PP “prudencia” hasta que se pronuncie el alto tribunal

El Gobierno andaluz se ha mostrado convencido de que el Supremo adoptará una “decisión sobre la base de los hechos y no sobre las especulaciones, insidias y descalificaciones generales que desde el inicio del proceso algunas partes interesadas han vertido”, en alusión al Partido Popular.

Maldonado ha pedido de manera insistente al principal partido de la oposición “prudencia” hasta que se pronuncie el alto tribunal y le ha instado a no hacer “sentencias condenatorias” hasta en tanto no se dé ese paso.

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En este sentido, el responsable de Economía ha recordado un auto de la Audiencia de Sevilla del 25 de octubre de 2013, en el que consideró que las imputaciones de altos cargos de la Junta de Andalucía estaban basadas “en una construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación”.

El principal argumento empleado por el Partido Popular fue la ausencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el debate. Díaz inicia este jueves una visita oficial de dos días a Marruecos. Según la diputada y secretaria general del PP, Dolores López Gabarro, la presidenta andaluza está “escondida” ante un caso de corrupción que afecta a “los amigos de la élite socialista” y mantiene un “implacable silencio de complicidades políticas” ante el “robo masivo” de dinero público.

Los partidos que sustentan al Gobierno de coalición, PSOE e IU, han destacado las medidas de transparencia que han puesto en marcha, aunque la portavoz de IU, Alba Doblas, ha atribuido el que “muchos despachos de la Junta se hayan aireado” a la presencia de su formación en el Gobierno autónomo.

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