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El juez del ‘caso Aneri’ rechaza una denuncia contra cargos regionales

El auto concluye que las asociaciones denunciantes no aportaban "ningún dato o indicio sobre la comisión de hecho delictivo"

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha inadmitido la denuncia  de varias asociaciones empresariales contra cinco altos cargos de la Consejería de Empleo y Turismo de la Comunidad de Madrid por el Caso Aneri, al considerar que los denunciantes no aportaban "ningún dato o indicio sobre la comisión de hecho delictivo" relacionado con los hechos objetos de investigación.

El auto se refiere en este punto a la solicitud presentada por ASEMPLA, ANEI, ACEM, ACU, APROSA, GRUPO ASEMCOM, AEHCAM, ASEATA, ACC y la Asociación Empresarial de Peletería, para seguir la acción penal contra el exviceconsejero de Empleo, Juan Van-Halen; el exsubdirecto general de Formación Continua, Joaquín Velázquez, la directora general de Empleo, Patricia Herrero, y el director general de Estrategia y Fomento del Empleo, Valentín Bote.

Según la juez, "basta una simple lectura de la denuncia" para concluir la "ausencia de indicios, o incluso meros datos para entender que pueda concurrir alguna figura penal en el relato", por lo que procede su "inadmisión", ello "sin perjuicio del resultado de las investigaciones en curso y de las nuevas imputaciones que en su devenir pudieran realizarse", ya sea en este procedimiento o aparte.

Además, rechaza acceder a la demanda de otras dos asociaciones (Asociación de Empresarios del Hospedaje y Asociación de Autónomos del Hospedaje) de suspender, como medida cautelar, los procedimientos administrativos sancionadores por pejudicialidad penal, al tiempo que indica que "en principio y según las investigaciones hasta ahora realizadas el principal perjudicado en el fraude de subvenciones no es otro que la Comunidad de Madrid".

Por otro lado, la magistrada no admite a trámite la personación como acusación popular de cuatro diputados socialistas, "a título personal", ya que "no cumplen con los requisitos legales", mientras acepta la personación como acusación popular de Manos Limpias, siempre y cuando presente la fianza correspondiente en el plazo reglamentario.

Asimismo, el auto, contra el cual cabe recurso, constata que se tiene por ampliada la denuncia de dos asociaciones (APROSA y CECOMA) contra Alfonso Tezanos y la Comunidad de Madrid "como responsable civil", aunque señala que "ante la falta de datos concretos y la vaguedad de las imputaciones procede requerir a los denunciantes al objeto de que concreten los documentos que consideran falsificados y la identidad de la firma de las personas cuya firma dicen suplantada".

Se da la circunstancia de que Tezanos, que fue detenido y puesto en libertad con cargos, era presidente de CECOMA, puesto que abandonó tras verse implicado en el caso.

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