Un policía vinculado a la guerra sucia contra ETA dirige el 091 en Barcelona

El inspector-jefe del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, de 60 años, es un hombre muy conocido en el cuerpo por su pasado y por su vinculación con la guerra sucia contra ETA. En 1990, fue condenado a dos años de prisión y de inhabilitación por matar a un ladrón, que ni siquiera hizo ademán de defenderse. Poco antes había sido condenado por golpear con la culata de su arma en la cabeza a un motorista en una discusión de tráfico. En la misma época, un tribunal francés le condenó en rebeldía a dos años de prisión por el intento de secuestro del etarra José María Larretxea Goñi.

Desde 2010, Argüelles está de nuevo en la policía, adscrito a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, donde dirige el Centro de Comunicación Permanente, que es el 091. “Es un lugar de escasa responsabilidad”, aseguran fuentes policiales, ubicado en el histórico edificio de la Vía Laietana. Consiste en derivar las llamadas que se reciben al 112. En la práctica, supone sobre todo realizar los cuadrantes de los funcionarios que tiene a su cargo, indican otras fuentes policiales.

Pero en realidad, ni siquiera eso. Argüelles lleva al menos ocho meses de baja. Desde su reincorporación, el inspector-jefe ha enlazado de manera intermitente ausencias por cuestiones de salud con periodos de actividad. “Su objetivo es jubilarse”, y retirarse con la pensión que le corresponde como funcionario del grupo A, el más alto dentro de la escala, aseguran diversas fuentes policiales consultadas. Lo que explicaría la discreción con la que se ha llevado su regreso, que es completamente legal, alega un portavoz de la Jefatura Superior.

El inspector jefe dejó el cuerpo en los noventa, después de una cadena de escándalos que ponían en entredicho su labor policial. Entonces el Ministerio del Interior, que dirigía José Luis Corcuera, podía haberle expulsado de la policía, pero no lo hizo. Argüelles fue un policía también muy laureado, miembro del mítico grupo de atracos de Barcelona de finales de los ochenta, que se dedicó a combatir la delincuencia salvaje de aquellos años, y que participó en el rescate de delantero del Barça Enrique Castro, Quini.

El ministro socialista Corcuera podía haberle expulsado de la policía pero no lo hizo

Tras pasar por atracos, fue reclutado por el que era su superior, Francisco Álvarez, entonces convertido en el jefe del Mando Único Antiterrorista, condenado a su vez a nueve años y medio de prisión por el secuestro de Segundo Marey, al que confundieron con un etarra.

Un incidente similar, el intento de secuestro del etarra Larretxea, en 1983 en Hendaya, le valió a Argüelles la condena por rebeldía a dos años de prisión por parte de un tribunal francés. Aunque, ya en España, la Audiencia Nacional archivó el caso.

Argüelles fue un laureado agente del grupo de atracos de los años ochenta en Barcelona

Un año después de aquel incidente, Argüelles regresó a Barcelona, destinado a la comisaría de Sant Andreu, donde protagonizó el homicidio de José Fernando Gómez Martín, un ladrón con diversos antecedentes. Inicialmente, su labor fue premiada con 12.000 pesetas —72 euros— por parte del ministerio.

Ocurrió la noche del 7 al 8 de febrero de 1984, cerca de paseo de Fabra y Puig. Argüelles y dos agentes más habían recibido un soplo de que el ladrón estaba en la zona. Era sospechoso de haber participado en tres atracos y de haber herido a un policía en Ripoll. Pero además, en el momento de su asesinato, el ladrón venía justo de robar a punta de pistola 250 gramos de marihuana a un expolicía y excompañero de Argüelles. En un semáforo, cuando el sospechoso tenía un coche delante, lo que impedía su huida, los tres hombres le rodearon a pie, empuñando sus armas.

Argüelles —“experto tirador, monitor de tiro de la Escuela General de Policía”— se acercó por el lado izquierdo, hasta la ventana del conductor, y le gritó “alto, policía”. “Inmediatamente efectuó un disparo con su revólver Astra, del calibre 38”, recoge la sentencia.

El inspector-jefe “efectuó no menos de dos disparos más, todos ellos dirigidos al conductor del vehículo, sin que conste en qué orden”. Otro agente disparó tratando de buscar las ruedas. El tercer policía no usó el arma.

La bala penetró a la víctima por el “espacio supraclavicular izquierdo” y le causó la muerte. Su pareja, Montserrat C.T., también recibió un disparo en la pierna. El coche continuó la marcha unos 40 metros, hasta que chocó contra un árbol. Dentro encontraron un arma, 681.000 pesetas —4.093 euros—, 10 jeringuillas —dos de ellas usadas—, un reloj, una navaja, dos anillos de oro y los 250 gramos de hachís y la documentación del expolicía al que acababa de robar.

Precisamente, el caso del excompañero de Argüelles condenado por tráfico de drogas motivó la reapertura del asesinato del ladrón, que permaneció tres años sin investigar, e incluso supuso una felicitación por parte el ministerio a Argüelles.

Al juzgarse al policía por tráfico de drogas, se pusieron de nuevo sobre la mesa las extrañas circunstancias en las que murió José Fernando Gómez Martín. La versión inicial dada por Argüelles de que el ladrón inició un tiroteo quedó desmentida. Cuando la Audiencia pidió revisar el caso, el coche de la víctima, un Renault 4, ya había sido desguazado y su historial clínico y radiografías habían desaparecido.

La compañera de la víctima declaró que ni siquiera tuvo tiempo de coger su arma para defenderse. El testimonio de la mujer, otra de las piezas clave, no fue sencillo de conseguir. Inicialmente, la Audiencia ordenó a la policía que la localizase. Tras varios meses sin resultado, optó por pedírselo a la Guardia Civil, que dio con ella a los pocos días. Argüelles fue condenado en 1990 por un delito de homicidio, con el atenuante por exención incompleta de responsabilidad, por obrar en el cumplimiento de la ley, a dos años de prisión menor. También tuvo que indemnizar con cinco millones de pesetas —30.050 euros— a la familia de la víctima.

Tras aquello, Argüelles fue inhabilitado y acabó dejando el cuerpo. Su compañero y exjefe, Francisco Álvarez, también acabó fuera, condenado a nueve años y medio de prisión por la guerra sucia contra ETA. Juntos montaron en Barcelona la empresa de seguridad Check and In, que sigue activa. Hasta 2010, Argüelles era el administrador único. Pero tras su reincorporación a la policía, pasó a ser únicamente apoderado.