“Llevo 16 años en la empresa y me han despedido con 500 euros”

El arranque del debate del estado de la región ha estado marcado por las protestas de los 16 trabajadores despedidos de la cafetería y el restaurante de la Asamblea de Madrid. El Grupo Cantoblanco, empresa de Arturo Fernández, el presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, renunció por voluntad propia a seguir dando el servicio a principios de agosto. El abandono sorprendió en el Parlamento regional, ya que en marzo la hasta ahora adjudicataria había pedido continuar dando el servicio hasta marzo del año que viene.

"Llevo 16 años en la empresa y me han despedido con 500 euros", se lamentaba una de las empleadas, que se han quejado a las puertas del hemiciclo a las 11.30, media hora antes del inicio del discurso del presidente autonómico, Ignacio González. "A mí, tras 10 años empleada, me han mandado a la calle con 400 euros", la secundaba otra compañera mientras ondeaban banderas de Comisiones Obreras. "Yo he recibido una indemnización de 1.500 euros, pero es porque me han pagado las vacaciones, que no me las había cogido todavía", intervenía otra mujer, que después de 13 años ha pasado a engrosar las listas del paro. Pese a estar en la calle, ni estas trabajadoras ni el resto de despedidos se han atrevido a dar sus nombres, con la esperanza de recobrar sus puestos de trabajo.

El Grupo Cantoblanco asegura que no ha despedido a nadie. "Lo que ha hecho el grupo es que tenía dos años de contrato con la Asamblea. Al acabar el primer año, Cantoblanco ha dicho que no seguía con el contrato. La obligación ahora del grupo es, mientras se produce la suspensión del contrato,  liquidar los días correspondientes y las pagas debidas", ha señalado un portavoz. Desde el Grupo insisten en que los empleados serán subrogados, es decir, que serán contratados por la siguiente compañía concesionaria. "Hasta entonces la Asamblea sería la responsable de esos trabajadores", añaden desde Cantoblanco.

Mientras la protesta se producía en el exterior de la Asamblea, entre silbidos y los acompañamientos de claxon del tráfico que discurría, bajo la atenta mirada de varios policías nacionales, la Cámara autonómica había habilitado la cafetería, cerrada desde hacía un mes. En su interior había tres máquinas de refrescos, una de sándwiches y golosinas y otra de café. Una lata costaba 0,85 euros. "Han limpiado las cámaras para guardar las botellas… Otra empresa está sirviendo lo que teníamos que estar haciendo nosotros", señalaba, al borde las lágrimas, un trabajador. "La Asamblea tiene mucha culpa de lo que ha pasado, se ha renovado a un empresario que no pagaba a sus trabajadores y que está imputado. Cuanto más ladrón eres, más indicado para llevar este servicio", despotricaba otro despedido. Para diciembre se espera que otra contrata restablezca el servicio de hostelería.

El presidente de la CEIM no ha asistido al debate del estado de la región.