Andalucía reclama 17 millones por cursos de formación sin justificar

La Junta pide el reembolso de las subvenciones de 581 expedientes

Luciano Alonso, en la comisión sobre los cursos de formación.
Luciano Alonso, en la comisión sobre los cursos de formación.PACO PUENTES

La Junta de Andalucía reclama 17,4 millones a las entidades que impartieron cursos de formación entre 2007 y 2013 en esta comunidad. Ante la aparición de irregularidades gracias a diferentes investigaciones judiciales, el Gobierno autónomo investiga desde hace meses cada una de las 8.505 subvenciones concedidas durante esos siete ejercicios. El Ejecutivo no certificó esos años la justificación de estos fondos bajo el argumento de la falta de personal que revisara con lupa las facturas. Esa tarea no realizada entonces se está llevando a cabo ahora. Y de momento, durante el análisis de 4.365 expedientes, la Junta estima que las entidades deben devolver 17,4 millones por 581 expedientes que ya cuentan con resoluciones de reintegro. Es decir, el 13% de los expedientes analizados hasta ahora presentan devengos a favor de la Administración.

Esta devolución de fondos públicos no significa expresamente que se haya producido un fraude, ya que pueden ser cantidades que los empresarios habían previsto devolver pero el Gobierno andaluz no se las ha reclamado desde 2007. Se trata de la diferencia entre la suma concedida y la finalmente gastada y justificada, y no implica la comisión de delitos. El reintegro de fondos a la Administración es un proceso habitual y que difiere del fraude que investigan al menos cinco juzgados andaluces. Estas instrucciones apuntan a que gracias a estas ayudas públicas se inflaron facturas y se subvencionaron cursos que nunca se impartieron, unos indicios penales al margen del proceso administrativo de la Junta.

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El Gobierno andaluz presupuestó para la formación para el empleo 2.456 millones entre 2007 y 2013 y gran parte de este dinero fue gestionado por empresas, la patronal y los sindicatos, y Administraciones públicas como Ayuntamientos, ONG y Diputaciones. Un equipo de 64 personas contratadas por la Consejería de Educación analiza ahora 4.365 de los 8.505 expedientes de ayudas. De los revisados, 2.504 están en fase de requerimiento de información, estudio o fase de inicio de reintegro, mientras que se han resuelto 1.280 expedientes que se han justificado correctamente. Y los otros 581 no están debidamente justificados.

El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha acudido este jueves al Parlamento para aclarar este análisis de los expedientes. “Se ha realizado un extraordinario esfuerzo estos meses”, resalta Alonso sobre la revisión de expedientes del Ejecutivo autónomo. A continuación, ha defendido las exoneraciones, los procedimientos que permitieron que centenares de empresas percibieran subvenciones año tras año sin previamente justificar los gastos de subvenciones anteriores, una figura recogida en la ley pero que diferentes investigaciones policiales censuran ahora. “En Andalucía no se ha realizado una amnistía (...) No parece apropiado ni justo que se generalice, criminalizando, todo un sistema que es mejorable (…) La Administración dictó resoluciones motivadas que no perdonan el hecho de justificar el uso de subvención”, ha dicho Alonso.

La Administración autonómica analiza las 8.505 ayudas dadas en siete años
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Desde este viernes la web de la Consejería de Educación incluirá todas las exoneraciones dictaminadas por la Junta desde 2009 hasta la actualidad en materia de formación profesional.

Los servicios jurídicos de la Junta se han personado como Administración perjudicada en cinco procedimientos judiciales que analizan estos cursos en Sevilla y Cádiz. En la réplica a la intervención de Alonso, el PP ha censurado que la Junta exonerara “masivamente” durante esos años y ha urgido a la Junta a que aclarara el destino de 583 millones destinados a la formación. La diputada popular Teresa Ruiz-Sillero ha pedido a Alonso que explicara cuáles son las entidades que han justificado las subvenciones y las que no. Para el PP, en las exoneraciones “está el negocio” de la Junta, “que se queda con el 25% y permite el fraude”.

Mientras, IU, socio de Gobierno del PSOE en la Junta, ha exigido “responsabilidades” en un caso convertido en un relato cargado de tintes de “corrupción clientelismo, amiguismo, ineficacia y despilfarro que resulta seriamente preocupante”. Para el diputado Ignacio García, el Gobierno andaluz debe construir un “relato alternativo que diga la verdad y elimine la sospecha sobre todas estas cuestiones”. IU ha pedido al consejero que comparezca una vez al mes en el Parlamento para informar sobre el avance de la investigación interna del Ejecutivo.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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