Sanidade entregará 750 millones a Povisa para “garantizar su estabilidad”

A pesar de que está previsto que el nuevo hospital de Vigo, un coloso de 280.000 metros cuadrados y 1.465 camas, abra sus puertas en el verano de 2015, la conselleira de Sanidade de la Xunta de Galicia, Rocío Mosquera, defiende la renovación del convenio con el centro privado Povisa hasta el año 2024 porque “hay que garantizar la estabilidad a una empresa tan importante de Vigo con más de 1.500 trabajadores”. El nuevo concierto sanitario, el mayor de todos cuantos existen en el Estado, estipula un canon anual de 75 millones durante la próxima década, lo que supondrá la entrega de 750 millones públicos al Grupo Nosa Terra con el nuevo macrohospital vigués a pleno rendimiento. “Es necesario emplear todos los recursos que tenemos. Tenemos concierto con todos los hospitales privados de Galicia, pero en este caso, al ser un hospital tan grande es necesario garantizar una estabilidad”, insistió ayer Mosquera durante una visita a las obras de ampliación del hospital de Ourense.

A pesar de haber situado el empleo como su principal objetivo, los fondos públicos que nutren a este centro privado —que en los últimos meses multiplicó por cuatro sus beneficios— no están sirviendo para garantizar la continuidad de los empleados. La renovación firmada el pasado lunes coincide temporalmente con el despido de una docena de trabajadores, algunos con una década de experiencia, para contratar a otros en condiciones precarias, según denuncia el comité de empresa. El Sergas no ha aclarado a este diario cómo casan la estabilidad laboral esgrimida por la conselleira y los recientes despidos.

Mosquera certifica que “habrá pacientes para todos” cuando el nuevo hospital público entre en servicio. Actualmente Povisa atiende a casi 140.000 personas del área sanitaria de Vigo y luce las mayores listas de espera de todos los centros de la comunidad. El nuevo convenio, del que todavía se desconocen detalles al pormenor, garantizará una cartera de 120.000 pacientes según fuentes de la empresa, pese a que la adscripción de los usuarios del Sergas al hospital privado será voluntario. “Todos los recursos, tanto públicos como privados, tienen que ser utilizados y en el caso de los privados de forma complementaria”, afirma la conselleira, que considera “un desperdicio” no aprovechar todos los hospitales existentes. Además considera “importante” la libre elección de centro que implanta el nuevo convenio “para garantizar la equidad, la calidad y seguridad” y que los ciudadanos deberán formalizar antes del 30 de noviembre.

Las críticas no han tardado en reaparecer. El grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) insta a la fiscalía a abrir una investigación de oficio que aclare “la oscura convivencia entre la empresa Povisa y la Xunta” tras “el indecente desvío de fondos públicos para continuar aumentando a cuenta de beneficios de la empresa y de la familia Silveira”, propietaria del centro hospitalario. “Están llenando los bolsillos de los Silveira”, aseveraron ayer las diputadas Eva Solla y Consuelo Martínez. Consideran al Gobierno gallego “cómplice de la precarización laboral” por su silencio tras los despidos en una empresa que se nutre de dinero público. La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Vigo asegura que el convenio “supone mantener artificialmente una empresa privada con una generosa subvención similar a la que recibirán las empresas concesionarias del nuevo hospital por financiar y gestionar lo mismo”.