La desconexión en RTVE, cara y complicada

La intención del Gobierno valenciano de compensarel cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) con dos horas de desconexión diaria en La 2 de Radio Televisión Española empieza a desvanecerse.

La consejera portavoz, María José Català, explicó ayer que durante todo el mes se ha estado trabajando en las posibilidades reales y que el próximo mes de septiembre se comunicará si ha sido posible llegar a un acuerdo, o no, con RTVE.

El tramo final de las negociaciones coincidió ayer con una nueva protesta de trabajadores de RTVV, que se concentraron frente al Palau de la Generalitat para pedir la dimisión de Fabra nueve meses después de la clausura de las emisiones de Canal 9 y Ràdio 9.

Las dificultades del Consell para firmar un convenio con RTVE que amplíe la desconexión regional en prime time son de dos tipos. El mayor de ellos está en la propia ley aprobada solo con los votos del Partido Popular, que impide la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico “prestado por cualquier medio o canal de difusión” por parte de la Generalitat.

El Consell anunció inicialmente que su pretensión era lograr dos horas diarias de desconexión en RTVE, de las cuales una de ellas estaría dedicada a informativos y la otra a producciones de ficción como L’Alquería Blanca.

Un convenio con contraprestaciones por esta desconexión sería recurrido inmediatamente, como ya anunciaron en su día los extrabajadores de RTVV, ante los tribunales. En este caso la supuesta responsabilidad sería de carácter penal y ningún responsable político quiere exponerse a una instrucción judicial de esas características.

La segunda gran dificultad es el coste económico de la desconexión. Los problemas económicos del ente RTVE han llevado al canal público a anunciar su intención de cerrar el canal Teledeporte y fusionar sus contenidos con la actual programación de La 2.

Según fuentes del Consell, RTVE, estaría dispuesta a abrir una ventana de programación en la Comunidad Valenciana pero siempre y cuando la Generalitat cubra los costes de la desconexión. Ello se traduciría en un gasto elevado que el Consell tendría serios problemas para explicar el dispendio cuando tiene serios problemas para pagar al día a un sinnúmero de proveedores.