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Hacienda admite que no tiene dinero para la promoción de funcionarios

El consejero paraliza la aplicación de la carrera profesional en las consejerías

La implantación de la carrera profesional (un sistema de incentivos salariales en función de la labor desempeñada) entre los 17.000 empleados públicos de las consejerías de la Generalitat tendrá que esperar.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha argumentado que la introducción de estos incentivos, a la que se comprometió con los sindicatos de la Función Pública en octubre de 2013, y que estaba previsto empezar a aplicar en enero de 2015, no será posible. Moragues ha afirmado que las mejoras pactadas estaban sujetas a la disponibilidad presupuestaria y que, finalmente, en 2015 la Generalitat recibirá menos dinero que este año (178 millones) del sistema de financiación autonómica.

Una situación que impedirá al Consell cumplir con el pacto alcanzado con todos los sindicatos representados en la Mesa de la Función Pública —excepto Intersindical Valenciana que no firmó— en octubre de 2013.

“La situación ha empeorado. Abordaremos la carrera profesional cuando la situación lo permita”, ha confesado el consejero de Hacienda y Administración Pública, que ha recalcado que sí mantiene el grueso del compromiso para que los empleados públicos recuperen los complementos salariales suprimidos con el denominado decreto Vela en enero de 2012. Es decir, que los docentes empezarán a recuperar los sexenios y los sanitarios los complementos de la carrera profesional a partir del año que viene.

La aplicación de la carrera profesional a los empleados de las consejerías de la Generalitat está pendiente desde 2008, cuando la entonces consejera de Administración Pública Paula Sánchez de León acordó con los sindicatos su puesta en marcha en 2010. Sin embargo, la crisis económica estalló con toda su crudeza y el Consell de Francisco Camps empezó a dar largas hasta incumplir el acuerdo.

Además de la implantación de la carrera profesional entre el personal de la Administración general de la Generalitat, la Consejería de Hacienda tiene pendiente la evaluación de los puestos de trabajo, el plan de redistribución de cargas de trabajo y el concurso de traslados en la Administración general.

El diputado socialista Rafael Rubio acusó la semana pasada al PP de congelar el proceso —que ya contaba con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu— por temor al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuyo departamento exige el cumplimiento de los objetivos de déficit, que en 2015 será todavía más estricto que este año.

El portavoz adjunto de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, ha tachado de “absolutamente injustificable” la decisión de la Consejería de Hacienda e indicó que las declaraciones de Moragues contradicen el mensaje triunfalista sobre la mejora de la economía.

Adel Francés, de Intersindical Valenciana, ha calificado la decisión del Gobierno valenciano como una “nueva tomadura de pelo”. “Han engañado de nuevo a los sindicatos”, ha manifestado tras advertir los incumplimientos de Hacienda vuelven a penalizar a los interinos y al personal que ha promocionado.