Bibliotecarios e IU lanzan campañas contra el canon por el préstamo de libros

Además de hacer malabares con un presupuesto ajustado por la crisis para mantener sus estanterías actualizadas, las bibliotecas públicas tendrán también que pagar por prestar libros. El canon, aprobado por el Gobierno central, sigue sumando detractores. IU anunció ayer una campaña de recogida de firmas y presentación de mociones en los Ayuntamientos de la región contra la medida, que obliga a las bibliotecas públicas a compensar a los autores por el préstamo de sus obras. La asociación que agrupa a los bibliotecarios de Madrid y ANABAD, la federación nacional de bibliotecarios, también la rechazan.

El gravamen, en vigor desde el pasado 2 de agosto, afecta a las bibliotecas públicas en los municipios de más de 5.000 habitantes, casi la mitad de los que hay en la región. IU asegura que perjudica, sobre todo, a las que dependen de los Ayuntamientos. "Puede poner en peligro su sostenibilidad", advierte Jesús Saiz, coordinador de IU en Parla, el grupo impulsor de la campaña, que la federación del partido en Madrid va a hacer extensiva al resto de municipios de la Comunidad.

"Ya no será préstamo, sino alquiler. Como un videoclub, pero con libros", apunta José Alberto Albarracín, presidente de la Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid. El canon se calcula según el número de libros prestados en un año y la cantidad de usuarios activos. Su objetivo es, dice la norma, "remunerar" a los autores por el préstamo de sus obras, por lo que no tiene en cuenta la consulta in situ de ejemplares o el intercambio de libros entre bibliotecas. Afecta también a museos, hemerotecas o filmotecas, siempre que sean públicos, aunque deja fuera a los centros docentes. La norma, exigencia de la UE, no aclara quién recibirá el dinero, sino que solo hace referencia a una entidad de gestión de los derechos de autor, como la SGAE en el mundo de la música."Sería más adecuado utilizar un mecanismo sujeto a un mayor control público", critica Saiz.

El Ministerio de Cultura aseguró en un comunicado que "en ningún caso" el canon afectaba a los usuarios, pues son los titulares de cada biblioteca quienes tienen la obligación de pagarlo. Pero los detractores de la norma afirman que, con los presupuestos mermados por la crisis, el canon puede ser el toque de gracia para las bibliotecas, especialmente las municipales, que representan el 96% de la red, según IU. "Se deteriora el servicio y se dificulta el acceso a la cultura de aquellos con menos poder adquisitivo que, para leer un libro, solo tienen la opción de las bibliotecas", señala Saiz.

"Casi no hay dinero para reponer libros o comprar nuevos títulos. Además, dudo de la compensación que se pueda hacer a los autores porque muchas veces las bibliotecas funcionan como una fuente gratuita de promoción", señala Albarracín. Su asociación publicará en los próximos días un comunicado de rechazo. Existe además la plataforma No al préstamo de pago, puesta en marcha por la marea amarilla, que defiende las bibliotecas públicas.