Medio Ambiente ve los sondeos del Tarragona como ataque al turismo

Los sondeos para buscar petróleo en aguas del Mediterráneo son “un ataque contra los intereses turísticos y valores medioambientales” del litoral valenciano. Lo son las prospecciones que la empresa Cairn Energy ha proyectado en el Golfo de Valencia y en el entorno de las islas Columbretes y lo son también las que la filial Repsol Investigaciones Petrolíferas S. A. (Ripsa) quiere hacer al sur de Tarragona. La Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha anunciado su oposición al proyecto de Ripsa para perforar tres pozos, todavía no determinados, desde la plataforma Casablanca.

La consejería que dirige Isabel Bonig ha sido también consultada por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el alcance que el proyecto puede tener (dentro de la fase previa a la redacción del informe de impacto ambiental) y ha remitido un informe donde se pone de manifiesto “su preocupación por que en el proceso de evaluación ambiental se estudien escenarios, consecuencias y medidas a adoptar en caso de posibles accidentes”. El informe, pese a mostrar su rechazo a los sondeos, no pide paralizar el plan, sino determinar qué pasaría en caso de fugas u otros accidentes. Y ello a pesar de reconocer que estos trabajos y los del Golfo de Valencia “se consideran un ataque contra los intereses turísticos y valores medioambientales del litoral”.

La filial de Repsol quiere perforar hasta tres pozos que se elegirán después de sondeos sísmicos, según consta en su informe. El objetivo es alcanzar una producción de entre 1.000 y 3.000 barriles de crudo al día. Las actuales explotaciones que tiene frente a Tarragona suman una producción de 8.000 barriles diarios. El impacto, no obstante, será menor puesto que ya existe una plataforma petrolífera y las perforaciones se harían directamente desde allí.

El plan ha puesto en pie de guerra a los pescadores de Castellón, ya movilizados por el proyecto de Cairn Energy. Los sondeos que esta compañía quiere hacer frente a las costas valencianas llevaron a los pescadores de la Comunidad Valenciana a manifestarse por primera vez de forma unitaria en una protesta a la que acudieron más de 5.000 personas. El sector ha reclamado recientemente al Ministerio de Medio Ambiente que paralice también los planes de Ripsa. Otros colectivos ecologistas como Greenpeace y Acció Ecologista-Agró han pedido además no se otorguen estos permisos por el alto riesgo ambiental.

Las movilizaciones se producen en un contexto de crisis del sector. La actividad pesquera en la Comunidad acentuó el pasado año su tendencia “regresiva” del último lustro en número de embarcaciones, tripulantes y rendimiento económico, según recoge la memoria del Consejo Económico y Social (CES). Las más afectadas, con un descenso del 11,1%, han sido las embarcaciones de cerco, con cuatro buques menos que el año anterior.