La asistencia social a toxicómanos y seropositivos se queda sin recursos

La crisis ha hecho más vulnerables a los vulnerables. Adictos las drogas, portadores del VIH, inmigrantes sin documentos y trabajadores sexuales: los marginados entre los marginados, que llevan años cobijados bajo el paraguas de Asfedro, la asociación ferrolana contra la droga, y Lazos Pro Solidaridad, el Comité Antisida de la ciudad. Cinco años consecutivos de recortes en las subvenciones públicas a dos de las entidades más emblemáticas de Ferrol hacen tambalear casi tres décadas de batalla por derrotar a la adicción y combatir los estigmas que marcan a los portadores del virus del sida.

 A los tijeretazos al presupuesto a estas dos entidades sociales sin ánimo de lucro que centran su trabajo en la asistencia sanitaria, se suman los atrasos en el ingreso de las subvenciones ya concedidas con un sistema que califican de “perverso y demencial” y que los ha puesto al borde de la asfixia por falta de liquidez para pagar a la plantilla, costear el material o la luz que necesitan para alumbrar sus oficinas. Lo denuncian sus trabajadores, hastiados “del desdén institucional” y de un sistema de pólizas y justificaciones que favorece “más a los bancos que a las personas”, cuenta Sari Alabau, desde la directiva de Asfedro. Ellos son un ejemplo, dicen, pero no son el único caso de una situación peliaguda se repite en otras entidades benéficas gallegas que asisten a los más desfavorecidos, los doblemente marginados: por la enfermedad y la falta de recursos.

Los 28 empleados de Asfedro, la Asociación Ferrolana de Drogodependencias, cumplen su cometido cada día con la duda de si cobrarán sus nóminas a fin de mes: todo, nada, parte o mitad, explica su portavoz, Cristina García Pazos, delegada de CC OO. Y así conviven con la incertidumbre a diario desde diciembre de 2013. Lo cuenta en una carta abierta donde explica la “zozobra” que vive una entidad fundada en 1985, que estuvo entre las pioneras de Galicia en combatir una lacra que explosionó en los años ochenta y arrasó con muchas vidas jóvenes. Las drogas han cambiado pero su consumo persiste tanto o más que entonces. En su caso, dice, la solución es “alcanzable” porque la Consellería de Sanidade les otorgó ayudas por 824.451 euros para 2014, en una resolución fechada el 7 de mayo. Es, exactamente, la misma cantidad que en 2013. Mientras el dinero no llega, su deuda con empleados y proveedores pasa de los 100.000 euros, explica la directiva. En enero, después de protestar en la calle, les adelantaron 82.445,10 euros (el 10%). El 5 de junio solicitaron a la Xunta un anticipo del 30% que no obtuvo respuesta. “No pedimos nada ilícito porque la Ley de Subvenciones lo contempla”, razona la delegada sindical. “Pagamos los gastos a medida que se presenta la documentación que los justifica”, replica la consellería a través de un portavoz, y sostiene que Sanidade “está al día en los pagos”.

Desde 2012, la plantilla (médicos, enfermeros, educadores y administrativos) se rebajó el salario un 20% de media, pero su sacrificio personal no mitigó la asfixia económica de Asfedro. “Hemos pasado por reducciones de sueldos, ya escasos, y campañas para captar nuevos socios que prueban nuestro compromiso con los usuarios”, expone Pazos. Suman 4.100 expedientes y 1.200 los usuarios a los que tratan cada año en la unidad asistencial de Caranza y en la comunidad terapéutica en O Confurco (Doniños), con 22 plazas para el programa de reinserción.

En junio de 2013, en circunstancias parecidas, la directiva de Asfedro, hizo una llamada desesperada porque no tenían —denunciaron— ni para pagar los cinco meses que debían de carne y pan. Un anticipo a última hora del 25% los salvó de la quiebra. “Peleamos como jabatos y ajustamos cada euro”, apunta un miembro de la directiva, “más no se nos puede pedir”.

Las críticas al mecanismo legal que articula las subvenciones públicas son un denominador común entre los directivos de las entidades sociales. “Nos obligan a hacer de banco de la Administración y adelantar un dinero con unos intereses que no son subvencionables ni recuperables”, explica Carlos Varela. Es seropositivo, lleva 14 años en Lazos y ha pasado los cuatro últimos al frente de la directiva del Comité Antisida de Ferrol. Abandonó el cargo días atrás con un regusto amargo por la precaria situación del local y para dejar paso a nuevos bríos.

Los números rojos han sido una constante en su saldo bancario desde 2012. Deben unos 6.000 euros entre facturas y recibos, explica Varela. Las compañías de la luz y el agua ya les han notificado por carta el corte aunque, de momento, mantienen el suministro en un pequeño bajo de la calle Doctor Fleming de Ferrol, en el centro de la ciudad. “Puede ser hoy, mañana... ¿Quién sabe?”, ironiza.

Las deudas que arrastran con Hacienda y la Seguridad Social les cierran el paso a otras líneas de ayuda, cuenta Varela, para narrar el círculo vicioso de la burocracia que compromete el trabajo de cuatro personas con unos 1.500 usuarios, la mayoría portadores del VIH. “Sobrevivimos con las donaciones de los vecinos y los aportes del Banco de Alimentos”, explica. En mayo, lanzaron un SOS a través de las redes sociales para pedir café, leche y galletas a fin de mantener su servicio de desayunos.

Por el local de Lazos pasan a diario medio centenar de personas, calcula el expresidente. Ofrecen un pequeño almuerzo, asistencia, pruebas rápidas de detección de VIH y preservativos para prevenir el contagio que reparten en el local y en los pisos donde hombres y mujeres —extranjeros indocumentados o excluidos sociales sin prestaciones o con una renta mínima— se prostituyen como única forma de ganar dinero. “Si nosotros no existiéramos, nadie se ocuparía de ellos”, lamenta Varela, que añade el consuelo a la columna vertebral de la asistencia que prestan.

“Necesitamos unos 70.000 euros por año para resistir y este 2014 contamos con un 80% menos de fondos que en 2010”, advierte. Se nutren de pequeñas subvenciones que les van llegando de Xunta, Diputación y Ayuntamiento de Ferrol. En 2013, reunieron 48.000 euros y para este año, tienen concedidos unos 14.000 que proceden, a partes iguales, del Gobierno gallego y el ente provincial. La Xunta le asignó 13.598,47 euros para el bienio 2013-2014. Cobraron algo menos de la mitad y están pendientes de los 7.223 que restan para salir de los números rojos. El gobierno local de Ferrol pone otros 3.000 para un programa de prevención escolar mientras la Diputación costea el 80% de otro de Asfedro para Educar no lecer con 18.000 euros.