La Generalitat asume el control de las obras del canal Segarra-Garrigues

En adelante, las obras del canal Segarra-Garrigues las controlará la Generalitat. El Gobierno catalán ha decidido dar un vuelco a la construcción de la segunda mayor infraestructura que tiene entre manos —solo superada por la línea 9 del metro— después de que la banca cortara el grifo al proyecto por el deterioro de las calificaciones de riesgo de la Administración autonómica y algunos informes internos advirtieran el riesgo de que los costes se dispararan. A finales del año pasado retocó el contrato con la concesionaria de la obra, Aigües Segarra Garrigues (ASG), con el objetivo de reducir costes un 14% y asegurarse de que los contratistas solo trabajan allí donde dice la Generalitat.

Como contrapartida, la obra no se finalizará hasta 2022, pese a estar prevista para 2015. Y ASG asegura en sus cuentas que dejará de percibir 50 millones de euros durante el contrato de concesión, que expira en el año 2052, si bien también evita los costes financieros de la operación.

"Hemos tomado la batuta y ASG hará lo que le digamos nosotros", sostenía ayer Joan Lluís Quer, presidente de Infraestructures.cat, la empresa pública encargada de las obras de la Generalitat. Según explicó, hasta ahora la concesionaria, controlada por FCC, Agbar, Copcisa y Copisa y participada por otras constructoras, "tenía libertad para hacer la obra donde creía que lo tenía más fácil". Desde que se iniciaron las obras se han inyectado en la infraestructura 670 millones de recursos públicos de los casi mil millones que se habían previsto inicialmente, según los datos de Quer. Y con esos recursos apenas se ha logrado abarcar una zona regable de 5.500 hectáreas, aunque la realidad es que el agua solo se utiliza en 4.261 hectáreas, allí donde los propietarios de las fincas han hecho las obras necesarias para aprovechar el canal.

El volumen de obra se ha reducido desde que los problemas financieros empezaron a acuciar a la Generalitat y especialmente cuando la banca se negó a dar más crédito al proyecto, pese a haberse comprometido con una línea de crédito de 900 millones de euros. La escasez de esa actividad queda patente en las cuentas de resultados de ASG: en 2012 facturó 50,3 millones y en 2013 esa cifra se redujo a 19 millones, a causa de que solo tenía permiso para acabar obras que ya estaban iniciadas.

La Generalitat ha procedido a cancelar aquel macropréstamo gracias a los métodos de financiación habilitados por el Gobierno central y tan solo le queda un crédito por un importe de unos 140 millones que se había solicitado (por valor de 180 millones en 2010) para poder pagar algunas cuotas del crédito sindicado inicial. A partir de ahora, todo lo que se pague irá a cuenta de los Presupuestos. En el bienio 2014-2015 se invertirán 30 millones de euros y otros tantos en el siguiente. El objetivo: alcanzar 18.000 hectáreas regables en 2017. Según Quer, con poca inversión se puede ganar mucha zona regable.

Lo que persigue la Generalitat es acompasar el ritmo de las obras y a las peticiones de los potenciales usuarios. En aquellas zonas donde el 80% de los agricultores se apunten como regantes, dispuestos a pagar el agua, se iniciarán las obras. Es lo que sucede en los tres únicos sectores (Castelldans, Verdú y Sarroca de Lleida) en los que actualmente existe actividad.