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Detenido el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda por el fraude en cursos

La policía arresta a siete personas vinculadas con las empresas del excargo

Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda.
Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda.

La investigación sobre el presunto fraude en cursos de formación en Andalucía va destapando, operación a operación, una maraña que se extiende por varias provincias de la comunidad y que va sumando nombres. Los agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han detenido al exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, mientras pasaba las vacaciones con su familia. La detención del exconsejero (que ocupó el cargo entre 1987 y 1990) se produce casi un mes después de conocerse un informe de la UDEF en el que se señala que las empresas de Ojeda recibieron, sin cumplir con los requisitos, al menos 14,6 millones de euros para cursos de formación.

Según fuentes policiales, las detenciones se enmarcan dentro de la bautizada Operación Óscar, que se inició tras una denuncia de un particular sobre un supuesto fraude en cursos para desempleados en Cádiz y que investiga el Juzgado de Instrucción 2 de la capital. Además del arresto de Ojeda en Sanlúcar, también han sido detenidas otras siete personas, entre ellas, un hijo del exconsejero (Marcos Ojeda). Según dichas fuentes, los otros arrestados están relacionados con el entramado empresarial del exconsejero de Hacienda, que recibió entre 2009 y 2011 la citada cantidad para cursos de formación, según detalló en julio la policía en dicho documento.

La UDEF señala en su informe que, durante esos tres años, ha habido una desviación “sistemática” de fondos públicos para formación, en concreto, la policía investiga ayudas que superan los 360 millones. De esta cantidad, la policía ha acreditado que las empresas relacionadas, directa o indirectamente, con el exconsejero recibieron 14,6 millones de euros a pesar de no cumplir con los requisitos. “Se ha detectado una serie de empresas que destaca por su reiteración en la percepción de subvenciones y por lo elevado de las cuantías”, argumentan los agentes en referencia a las firmas del exconsejero. La policía cree que, a medida que avance la investigación, aumentará la cantidad que recibió Ángel Ojeda para la formación.

Fernández, imputado

El exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda no es el primer ex alto cargo de la Junta de Andalucía señalado en el supuesto fraude en cursos de formación en la comunidad. Ya hace dos semanas, la magistrada Mercedes Alaya, quien instruye parte de estas irregularidades, imputó al exconsejero de Empleo Antonio Fernández (en el cargo entre 2006 y 2010) por delitos de malversación y prevaricación continuados. Fernández también está acusado en el caso de los ERE.

Según el auto, Alaya acusa al Gobierno andaluz de otorgar 950 millones de euros en subvenciones a la formación entre 2008 y 2011, ayudas que no fueron justificadas gracias a las exoneraciones que concedió la Consejería de Empleo. La juez señala a Fernández como responsable de esta decisión, a pesar de que en los dos últimos ejercicios ya había abandonado el Ejecutivo. Alaya detalla cómo estas resoluciones eximieron a empresas, Diputaciones y Ayuntamientos de justificar subvenciones de la UE y el Gobierno central.

Entre otras irregularidades, la policía señala en su informe que una de las entidades de Ojeda —de las 13 investigadas— recibió 642.390 euros para cursos sin estar registrada ni catalogada como empresa de formación. Como resumen, la UDEF mantiene que se trata de un “entramado realmente complejo” que ha logrado tener presencia en todas las provincias de la comunidad. A ello, los agentes suman que una cuñada del ex alto cargo andaluz, Teresa Florido, fue responsable de gran parte de las ayudas que recibió el exconsejero debido a su cargo dentro del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La actuación de este lunes se suma a las distintas investigaciones sobre supuestos fraudes en cursos de formación en la comunidad, repartidas por juzgados de varias provincias —entre ellos, el de la juez que instruye el caso ERE, Mercedes Alaya— y que tienen su origen en el denominado caso Edu, que estalló el pasado abril en medio de una fuerte tormenta política. Esta operación gira alrededor de unas diligencias abiertas por la Fiscalía de Málaga en mayo de 2013 a raíz de un informe de la sección de investigación de la Seguridad Social adscrita a la UDEF sobre irregularidades en ciclos formativos con compromiso de contratación. En este caso, la partida afectada es de 1,72 millones de euros.

Las indagaciones en Málaga llevaron a los agentes a detectar irregularidades semejantes en varias resoluciones de la Junta vinculadas a la formación para el empleo, con lazos en otras provincias, entre ellas, Almería y Sevilla. La forma de actuar era muy similar: documentación falsa, irregularidades en la concesión y el control de subvenciones públicas e incumplimiento generalizado del compromiso de contratación, entre otras anomalías.