Hacienda da seis meses a los emigrantes retornados para regularizar sus pensiones

Tras meses de protestas de los afectados, especialmente intensas en Galicia, el Ministerio de Hacienda abrirá un periodo de seis meses, a partir de enero de 2015, para regularizar sin sanción las pensiones procedentes del extranjero, según el proyecto de ley de reforma del IRPF y del Impuesto de la Renta de No Residentes aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Esta medida afecta a residentes en España que cobran una pensión procedente del exterior, tanto ciudadanos de otros países radicados aquí como pensionistas españoles que han retornado después de haber trabajado como emigrantes en el extranjero, una situación en la que se encuentran varios miles de gallegos.

 Los contribuyentes afectados podrán presentar autoliquidaciones complementarias de los periodos no prescritos en los que hayan percibido pensiones del extranjero sin declararlas a la Hacienda española. Los afectados tendrán que ingresar el 100% de la cuota tributaria correspondiente, pero quedan eximidos de abonar sanciones —que en algunos casos ya les habían sido comunicadas— recargos o intereses de demora. Para que no se vean perjudicados aquellos contribuyentes que regularizaron espontáneamente su situación y abonaron recargos, el proyecto legislativo estipula que se les devolverán esas cantidades.

La Agencia Tributaria había abierto 27.696 inspecciones a pensionistas extranjeros residentes en España y a jubilados retornados por no declarar sus ingresos a Hacienda, según datos aportados el pasado mayo por el ministro Cristóbal Montoro. Buena parte de los afectados son gallegos, donde han protagonizado movilizaciones públicas durante varios meses hasta lograr el apoyo unánime del Parlamento gallego a sus reivindicaciones.

La Consellería de Facenda de la Xunta se apresuró a mostrar su “agradecimiento” al Gobierno central por atender esta demanda social respaldada por todas las fuerzas políticas gallegas. Según la Xunta, el proyecto elaborado por Montoro es una respuesta a la petición que le trasladó el Parlamento autónomo y a “gestiones personales” del presidente Feijóo. La Plataforma de Afectados también se felicitó por el acuerdo, pero advirtió de que no colma todas sus demandas, ya que los emigrantes retornados tienen que pagar un tipo impositivo superior.