Alicante vigilará si Ortiz cumple con la contrata de limpieza

“Hemos solicitado a las cuatro grupos políticos que promovieran en el Pleno tratar la falta de limpieza de la ciudad. Sólo el grupo popular ha hecho caso omiso y, desde luego, no se lo agradecemos”. El pleno de Alicante arrancó ayer con las palabras de Shaila Villar, presidenta de la asociación de vecinos El Plà. Cuatro barrios limítrofes con el centro secundaron sus palabras y, finalmente, el PP hizo caso.

El equipo de gobierno de Sonia Castedo, con mayoría absoluta, aceptó las mociones de UPyD y Esquerra Unida (EU) para crear una comisión de seguimiento del servicio de limpieza, en manos del polémico Enrique Ortiz. El empresario está imputado junto a Castedo en el presunto amaño del plan urbanístico de la ciudad.

El malestar por la limpieza callejera se extiende por los barrios de la segunda ciudad valenciana desde el extrarradio al centro urbano. Ayer fueron cinco asociaciones, pero el quejido viene de 2013, cuando las molestias ciudadanas sobre la limpieza coparon las preocupaciones ciudadanas.

Castedo pidió aunar las dos mociones que pedían crear una comisión que analice el grado de cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la empresa UTE Alicante. En septiembre, según la alcaldesa, estaría lista. La oposición dio su visto bueno, si bien UPyD hizo hincapié en un matiz: que se publiquen los informes técnicos de los inspectores de limpieza por barrios y que los vecinos sepan si coinciden con el concepto de limpieza de los técnicos.

Ortiz sobrevuela permanentemente los plenos alicantinos, como ocurrió en junio antes de que Castedo desalojara el salón plenario. Fuera del consistorio, más de 30 de personas convocadas por Compromís pidieron la dimisión de Castedo relacionando su figura con la del constructor. Los rifirrafes entre la oposición y alcaldía son constantes.

Además, el Ayuntamiento aprobó definitivamente una subida del 3% de 23 tasas, el tercer incremento de este tipo desde 2011. Entre esas tasas está la de recogida de residuos. “Y no es normal que nos suban un impuesto por un servicio que es una porquería”, dijo Villar tras el pleno: “Ya pagamos más de 30 millones anuales para que limpien nuestras calles”.