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Una década de parálisis acuícola

El sector culpa a la Xunta del parón en la industria mientras la Consellería do Mar anuncia una ley para dotar de seguridad juridica a las piscifactorías

Granja de oreja de mar en Tal, en el municipio de Muros.
Granja de oreja de mar en Tal, en el municipio de Muros.

Los productores de acuicultura andan de nuevo revueltos. Han reeditado sus quejas y críticas, a través de la asociación empresarial Apromar, por la incertidumbre que vive un sector paralizado desde hace años pese a su potencial para crecer y en contra de la “ineficacia, falta de compromiso e incapacidad de gestión” de las Administraciones. Frustró, acusan, proyectos de 600 millones de inversión. Van en aumento entre los responsables de cultivos sobre todo marinos el hastío por el estancamiento, los excesivos obstáculos burocráticos y “un complejo tejido normativo excesivamente restrictivo” que frenó en seco cualquier desarrollo en los últimos años pese a ser uno de los pocos sectores productivos que no se vieron golpeados por la crisis.

En Galicia, “no es de recibo”, abunda el gerente del colectivo, Javier Ojeda, que la Xunta aún esté enfrascada en tramitar el enésimo plan director para la acuicultura en el litoral. Mientras, en la última década sólo se logró ampliar la ya gigante planta de rodaballo que Pescanova tiene en Xove, en la costa lucense, y abrirse una única y pequeña piscifactoría, la dedicada a producir orejas de mar en Muros (A Coruña). Y grandes del sector como Stolt Sea Farm, dueña de una de las mayores granjas de rodaballo del mundo, la de Lira también en el litoral coruñés, se ha llevado para Islandia su gran proyecto de criadero de lenguado inicialmente ideado para Galicia.

A tope en la única granja en los últimos 10 años

P. O.

Ocho años tardó en crearse la única piscifactoria que abrió en Galicia en la última década. Galician Marine Aquaculture, un proyecto inédito nacido bajo el paraguas de la Universidad de Santiago para cultivar oreja de mar japonesa, comenzó los trámites en 2004 y echó a andar, al pie del mar en Tal (Muros), hace ahora dos años, en junio de 2012. Durante los seis años que tardó en obtener todos los permisos, el mercado evolucionó y el proyecto pudo irse al garete varias veces por “problemas de burocracia”, recuerda su director técnico, Oscar Santamaría. Sufrió en primera línea la lentitud burocrática, dice, y sus duplicidades para otorgar todas las autorizaciones necesarias. “Hay todo un entramado de informes y permisos requeridos que las Administraciones no facilitan”, se queja. Más que ayudas públicas, dice, el sector clama por que se simplifique esos trámites exigidos para garantizar la protección y respeto al medio ambiente.

Este criadero ocupa unos 6.000 metros cuadrados. Nada que ver con una granja de rodaballo que requiere infinitamente más espacio al pie del mar para tener una producción que le garantice ser rentable. La pequeña granja de Muros necesitó una inversión inicial de seis millones de euros y logró que 4,8 fueran subvenciones públicas. Emplea una veintena de personas y está ahora mismo a tope, con un criadero lleno de semillas dos meses antes de lo previsto. La perspectiva es que, sin ampliar las instalaciones, alcance tres o cuatro toneladas en 2015 y 100 dos años después. Santamaría hace suyas las quejas de los productores: “El sector quiere invertir, hay un potencial enorme pero no hay seguridad jurídica para esas inversiones grandes que sí hay fuera”.

Una comunidad donde la acuicultura, con 16 granjas y cinco viveros cuya facturación anual supera los 60 millones de euros y emplean unas 600 personas, tiene un peso importante. Galicia es líder en bateas de mejillón (210.000 toneladas en 2013), en cultivo de rodaballo (8.120 toneladas, el 75% de la producción europea), de lenguado (350 toneladas, el 88% del total nacional) o en acuicultura continental, en la cría de trucha (4.500 toneladas, un 23%).

Pero padece “un problema de gobernabilidad que ha bloqueado sin justificación” el crecimiento del sector y su gran potencial, insisten desde Apromar. Es nula la seguridad jurídica para un proyecto como una piscifactoria de rodaballo, que requiere mínimo 30 millones de euros de inversión inicial. “Galicia podría ser el Silicon Valley de la acuicultura, es puntera en tecnología e investigación”, asevera Fernando Otero, abogado de la patronal española y vicepresidente de la federación europea de productores de cultivos marinos. Pero todo desarrollo “ha sido cortado en seco”. “Iba siempre por delante también en el terreno jurídico, pero desde hace unos años va rezagada mientras las normas se volvieron más restrictivas, complejas y densas”, apunta.

“La ineficacia” de la Xunta no es un problema de color político. Otero subraya que los últimos gobiernos gallegos, los sucesivos del PP y el bipartito PSOE-BNG que gobernó de 2005 a 2009, proclaman “una adhesión inquebrantable a la acuicultura y su desarrollo, pero tropiezan una y otra vez”. Los planes de ordenación del sector se suceden sin lograr resultado alguno. La única solución para desarrollar “la acuicultura sostenible”, reclama Apromar, es que “se implique y se ponga al frente el presidente de la Xunta, que no deje la coordinación en manos de una única consellería como la de Mar, que carece de peso suficiente” para imponerse a otras ramas del Gobierno, como la de medio ambiente o de ordenación del territorio que en Galicia dependen del mismo departamento.

Desde la Consellería do Mar, su secretario general, Juan Carlos Maneiro, se muestra conciliador con estas quejas. Admite que existe un “parón innegable” de la acuicultura, pero también en España y Europa, añade. Y que va con retraso el plan director de acuicultura litoral de Galicia. Pero pide paciencia y anuncia una ley de acuicultura para 2015 para acabar con la actual inseguridad jurídica que hace huir cualquier proyecto. Para entonces ya estará terminada la tramitación iniciada ya hace dos años del plan director, y también se abordarán sendos planes para ordenar las zonas de bateas y jaulas de crías y la acuicultura continental.

Maneiro pide además a los productores de cultivos en el litoral “un cambio de mentalidad”. Y que proyecten piscifactorías distintas a las existentes “desde el punto de vista tecnológico y medioambiental”. “No pueden ser continuistas”, advierte, en aras también de ayudar a vencer la tradicional reticencia social a las granjas marinas. “Hacer una planta de rodaballo que requiere una gran ocupación de terreno”, a pie del mar, “es complicado en estos momentos”. El segundo de la consellería que dirige Rosa Quintana opina que la tecnología permite que las granjas sean menos dependientes del consumo de agua, lo que les permitiría alejarse de la costa. Maneiro insiste en que la clave es “encontrar un equilibrio” entre el desarrollo de un sector potente y declarado de interés público de primer orden, como es la acuicultura industrial, y la protección de zonas costeras “muy sensibles”. Asegura que la convivencia es posible. Prueba de ello es la gigantesca planta de rodaballo de Lira, en Carnota, que tiene enfrente a una reserva marina de especial protección. La evaluación de impacto ambiental y demás autorizaciones que requiere una piscifactoría, apunta el secretario general de Mar, son “condicionantes”, no trabas como alega el sector. En todo caso, el alto cargo saluda las críticas de los productores: “Es señal de que ven perspectivas de inversiones y que se reanuda la actividad”.