12 causas judiciales acorralan al gobierno municipal de Ourense

Tras siete años de gobierno, la justicia cerca al Ayuntamiento socialista de Ourense. Ninguna ha llegado todavía a la fase de apertura de juicio oral, pero una docena de causas penales salpican actualmente a 11 políticos municipales, ocho de ellos miembros de la Junta de Gobierno bipartita. Y todos los implicados miran al próximo otoño. Con la fontanería de los partidos trabajando para la elección de candidatos de los comicios locales de 2015 y con la instrucción judicial de algunas de las causas a punto de finalizar, el mes de septiembre está marcado en rojo en el calendario.

La instrucción que más preocupa, imputó a toda la Junta de Gobierno del año 2007 –un bipartito junto al BNG– por adjudicar, supuestamente a dedo, sin publicidad y con urgencia, la reforma de la calle Bedoya a una empresa de la que es directivo un miembro de la ejecutiva local del PSdeG con puesto en la lista electoral. La investigación concluirá con el verano y si el juez ordena abrir juicio a todo el gobierno de aquel año, el actual alcalde y sus dos tenientes de alcalde, siguiendo la norma del PSOE, deberán dimitir a pocos meses de las elecciones. Ese vacío en un gobierno dividido en dos bandos, con cinco concejales afines al alcalde y otros cinco enfrentados al regidor, abriría otra vez el melón del poder entre las dos familias socialistas ourensanas.

Aquella misma Junta de Gobierno bipartita está siendo investigada en otros dos casos: por adjudicar una obra de forma urgente y sin publicidad, y por legalizar una urbanización con orden de derribo tras pagar una indemnización de 358.000 euros de forma supuestamente irregular. El juez que indaga ese proceder, tras imputar a la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, está a punto de encausar de nuevo a todo el gobierno de 2007, según explican los propios señalados por la denuncia. La investigación de irregularidades en el servicio de ayuda a domicilio, imputó a la teniente de alcalde, Marga Martín, por malversación de caudales públicos y cooperación para estafa. El magistrado instructor constató la existencia de facturas falsas por varios cientos de miles de euros, pagos inflados a la concesionaria y enchufes dirigidos desde la alcaldía.

Aunque el regidor, Agustín Fernández, suma dos imputaciones por supuesta prevaricación, el horizonte pinta más oscuro para la otra teniente de alcalde y edil de Urbanismo. Soto acumula imputaciones por presunta prevaricación o malversación en seis casos diferentes. Además de las derivadas de su presencia en la Junta de Gobierno, en el caso matadero se dilucida si prevaricó por conceder licencia para el derribo y construcción de un muro. Otro juez la investiga por conceder permiso de ocupación y apertura a una residencia universitaria ilegal o por declarar secreto el nuevo plan de urbanismo en tramitación y no permitir su consulta.

Los tentáculos de la Operación Pokémon llegaron a Ourense en 2012 y se llevaron por delante al exalcalde, Francisco Rodríguez –imputado por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias o prevaricación–, a un exedil del BNG también imputado y además tumbaron el bipartito. La Pokémon destapó enchufes por toda Galicia, también en Ourense, una práctica investigada a su vez por otro juez en caso de las asistencias técnicas. La instrucción indaga supuesta prevaricación y malversación del exalcalde Rodríguez, del actual alcalde, de la directora general de Personal, Carmen Rodríguez, y de dos exoncejales del BNG, por enchufes de personal externo contratado como asistencia que luego consolidó puesto fijo. Además, tanto el alcalde Fernández como el exalcalde Rodríguez, han sido denunciados por el pago de un millón de euros, con facturas reparadas por el interventor, a un periódico local. Las indagaciones de la instructora encargada del caso permanecen estancadas desde hace meses.

Los jueces no son los únicos que cercan al Ayuntamiento. El fiscal jefe tiene entre sus manos dos casos que apuntan contra políticos locales. Por un lado investiga si es ilegal que el alcalde endosase al Plan E aceras de su casa debía pagar él. Y por otro, rastrea las cuentas de la agrupación municipal socialista al hallar indicios de supuesta malversación de caudales públicos en el pago del salario a un exasesor del partido, recientemente llamado a declarar como imputado. Pero la jurisdicción penal no es la única que ha puesto contra las cuerdas al gobierno ourensano. A comienzos de julio, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó medio centenar de puestos a dedo de la plantilla municipal, entre ellos los de la hija, el chófer o las dos secretarias del alcalde. El gobierno dice que cumplirá la sentencia sin ceses o despidos. Y en medio de esta complicada maraña judicial, el alcalde y sus ediles más fuertes se afanan en denunciar una estrategia de acoso y derribo contra ellos.