La estrategia del PP para evitar daños

El calendario judicial corre contra los intereses electorales del PP. Faltan apenas 10 meses para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas y la mera hipótesis de entrar en campaña con tres exconsejeros y 18 exaltos cargos de la administración de Francisco Camps sentados en el banquillo de los acusados es una imagen que nadie quiere ver.

Una fotografía que solo será posible si David Serra, exvicesecretario general del PP, decide mantenerse en su escaño de las Cortes Valencianas; pero si dimitiera, la causa abandonaría el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) y pasaría automáticamente a la Audiencia de Valencia y la vista se retrasaría varios meses. La estrategia a seguir sería la misma que utilizaron en su día la expresidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y la exconsejera de Turismo, Angélica Such, imputadas en el caso Gürtel por las adjudicaciones a Orange Market de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur. Ambas dejaron su escaño en vísperas de las elecciones europeas cuando ya se había decretado la apertura de juicio oral. Su dimisión como diputadas impidió verlas sentadas en el banquillo durante la campaña electoral. El guión está escrito y es seguro que Serra lo seguirá al pie de la letra para no perjudicar a su partido.

La instrucción de Gürtel ha acabado por convertirse en una causa general contra los muchos de quienes formaron parte de los Gobiernos de Francisco Camps. Ocho de los consejeros del expresidente tienen problemas con la justicia por supuesta corrupción.

Juan Cotino (exconsejero y actual presidente de las Cortes Valencianas) está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Vicente Rambla (exvicepresidente) está imputado por financiación ilegal. Angélica Such (exconsejera) y Milagrosa Martínez (exconsejera y expresidenta del Parlamento autonómico) están procesadas por las adjudicaciones de la feria Fitur, dentro del caso Gürtel.</CF> </CF>Manuel Cervera, Luis Rosado y Alicia de Miguel (exconsejeros) fueron procesados ayer por las adjudicaciones a dedo a las empresas de Francisco Correa. Víctor Campos (exvicepresidente) fue condenado por aceptar trajes y otras prendas de vestir de la red. Y Rafael Blasco (que fue ocho veces consejero) fue condenado a ocho años de cárcel por apropiarse de las ayudas a la cooperación internacional.

Siete de los mencionados son o han sido diputados en las Cortes Valencianas en esta legislatura. La relación de parlamentarios del Grupo Popular que han sido imputados por corrupción en los tres últimos años se eleva, sin embargo, a 13. De ellos hoy solo quedan tres en la Cámara: Ricardo Costa, exsecretario general del PP, el que fuera su vicesecretario, David Serra, y Yolanda García, que ocupó el cargo de tesorera del partido conservador en la época en que Orange Market señoreó los contratos.