Los políticos creen que no se cumplirá el fallo que manda demoler rellenos en Marín

La playa de A Posta se llama así, dicen los vecinos, porque es el arenal de la ría de Pontevedra en que más tarde se esconde el sol. El lugar fue orgullo de las gentes de Praceres, en el linde entre Pontevedra y Marín, pero hoy es un raquítico recuerdo de épocas de turismo costero elitista. De un lado, se la ha comido el muro del puerto de Marín. Del otro, la autovía. Por el medio, la destripa el ferrocarril. A Posta es un ejemplo de la destrucción de la parroquia, atravesada por una vía de tren ilegal y empotrada contra un relleno portuario igualmente irregular, junto a una depuradora en el limbo y una fábrica de celulosas también entrampada en pleitos. Los tribunales han fallado masivamente contra las obras que encorsetaron el lugar, pero nadie parece dispuesto a revertir el daño.

La última sentencia contra los rellenos del puerto que a comienzos de la década pasada añadieron más de 300.000 metros cuadrados a las instalaciones –un aumento de casi el 75%- se hizo pública la semana pasada. Dictada por el Tribunal Supremo, remite a una previa del Superior que ya amenazaba con multas y con empezar a dirimir responsabilidades penales si no se revertía la situación de los terrenos a la del año 2000, cuando se aprobó, sin evaluación de impacto ambiental, un plan especial, anulado por el propio Supremo en 2009. En los cinco años transcurridos, la actuación de las Administraciones ha ido en la línea de tratar de parchear la chapuza previa. La última intentona, del año pasado, fue un nuevo plan especial —van tres— sobre cuyo fin ya da pistas el Alto Tribunal, enfadado ante “la existencia de una serie de planes anteriores y posteriores que habrían de dar supuesta cobertura a las obras”. Dicen los magistrados que no valen apaños.

Pero de momento nadie se da por aludido. El puerto de Marín es de interés general, por lo que depende del Estado y no de la Xunta. El presidente de la Autoridad Portuaria desde 2009 es José Benito Suárez Costa, marido de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y acompañante habitual de Mariano Rajoy en sus paseos estivales junto al río. Aunque en 2009 dijo que retirar los rellenos era inviable, sobre esta última sentencia aún se no se ha pronunciado. “Está en manos del abogado del Estado”, se limita a decir una portavoz. La alcaldesa de Marín, María Ramallo, también del PP y en tiempos presidenta del puerto, declaró que la resolución generaba “incertidumbre” y “preocupación”. Todos esperan no tener que cumplir a rajatabla la sentencia. El regidor pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), dice, tras recordar que el Ayuntamiento alegó sistemáticamente contra todas las ampliaciones portuarias, que no queda ahora más remedio que “buscar soluciones” para que la sentencia no se ejecute.

Ese encogerse de hombros de los responsables políticos molesta a Eladio Torres, portavoz de la plataforma vecinal de Os Praceres, que lleva 15 años peleando con las Administraciones “por dignidad”. “Nos decían que estábamos locos, que todo era legal”, rememora. Critica que el puerto haya crecido como un polígono industrial —en los terrenos ganados al mar está la fábrica de Gonvarri, que produce componentes para Citroën—, y reclama que las sentencias se ejecuten de una vez. “Si no saben cómo, que me pregunten a mí”, bromea, antes de relatar que para sufragar los pleitos fue necesario organizar colectas entre los vecinos para pagar los gastos. Está convencido de que no hay posibilidad judicial de escapar a las resoluciones del Supremo, pero acaba explotando contra la “estrategia de aburrimiento, de cansancio, de entretener a la justicia y reírse de los ciudadanos” y el sentimiento de que “el Estado de Derecho es para mí y mi vecino, mientras hay otros que se cachondean”.