El Superior fuerza el despido de la hija enchufada del alcalde de Ourense

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pone patas arriba el Ayuntamiento socialista de Ourense. Una sentencia firme ha tumbado casi medio centenar de puestos de trabajo de la institución, tras una denuncia del sindicato CSI-CSIF, que llevó ante la justicia irregularidades en los nombramientos del gobierno local. La sentencia fuerza el despido de todo el personal de confianza del alcalde, Agustín Fernández, entre el que se encuentra su propia hija, María Fernández, contratada por decreto en el gabinete de comunicación hace casi tres años. La decisión de la sala de lo contencioso-administrativo también pone en la calle a todo el personal eventual de comunicación, al chófer y a las dos secretarias del regidor e incluso a los auxiliares y técnicos de todos los grupos políticos de la corporación municipal (PSdeG, PP, BNG y Democracia Ourensana) por “reservar, sin justificación, a personal eventual esos puestos de trabajo”. En total, una docena de personas contratadas bajo esta figura deben abandonar de inmediato sus empleos porque las contrataciones no se ajustan a la ley.

Notificado el pasado tres de julio y ocultado por el gobierno local desde entonces, el fallo descabeza las concejalías al anular el nombramiento de todos los jefes de servicio designados por los socialistas y afecta especialmente al consejo municipal de deportes y a la concejalía de Educación, ya que invalida puestos de coordinación por “asignar funciones de dirección a puestos del grupo C”, por “permitir la cobertura [de plazas de funcionario] con personal laboral” y por “prever la libre designación como sistema de provisión sin justificación”. Uno de los afectados es el propio jefe de servicio de Personal, mano derecha de la directora general de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta, cuyo nombramiento también fue recurrido por los sindicatos. Rodríguez Dacosta fue recolocada en esa dirección general municipal al tumbar el Tribunal Constitucional la figura de los concejales no electos el pasado año.

La sentencia, de ejecución inmediata, es firme y contra ella no cabe recurso de casación. El texto firmado por los tres magistrados de lo contencioso-administrativo del TSXG estipula en sus fundamentos jurídicos que “no es susceptible de recurso de casación” debido a la jurisprudencia sentada por el Supremo en dos sentencias del pasado mes de febrero que impiden esa posibilidad. Las consecuencias inmediatas son dos: por un lado, el despido del personal eventual nombrado directamente por el regidor mediante decretos, y por otro, la vuelta a sus plazas de funcionario raso del personal que ocupa los puestos de la relación de puestos de trabajo (RPT) anulados.

La polémica en torno al personal de confianza del alcalde explotó en septiembre de 2011. Aquel año, el exregidor detenido e imputado en la Operación Pokémon, Francisco Rodríguez, contrató a la hija de su edil de Hacienda, Agustín Fernández, en el gabinete de comunicación. El tsunami político desencadenado por la Pokémon provocó la dimisión forzada de Rodríguez y la alcaldía pasó a manos de Fernández, que recontrató por decreto a su propia hija en cuanto se hizo con el bastón de mando. Este tipo de nombramientos a dedo están amparados por el régimen laboral del Estatuto Básico del Empleado Público bajo unas determinadas condiciones legales que, según los tres magistrados del Superior, no se cumplen ni en el caso de la hija del regidor ni en el de las demás personas contratadas con carácter eventual.

Fuentes jurídicas consultadas explican que el interventor municipal debería reparar ahora todas las nóminas pagadas al personal afectado mientras el Ayuntamiento no ejecute el fallo judicial. La solución a la grave situación creada, según estas mismas fuentes, pasaría por la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo ajustada a la legalidad, su aprobación formal en el correspondiente órgano municipal —pleno o Junta de Gobierno— y la adaptación de los presupuestos a la nueva situación laboral estipulada en esa RPT modificada. Las cuentas para 2014 fueron tumbadas por la oposición esta misma semana, debido a la minoría del gobierno socialista en la corporación, que cuenta con solo 11 de los 27 concejales. De hecho, algunos miembros de la oposición consultados ayer muestran su “sorpresa” por la “descarada osadía” del gobierno del PSdeG al llevar las cuentas al pleno municipal con una sentencia judicial que declaró ilegal la RPT. “Si hubiésemos votado a favor de los presupuestos habríamos prevaricado todos”, afirman.

Los sindicatos han criticado en reiteradas ocasiones la política de contratación del PSdeG. De hecho, también denunciaron presunta prevaricación y malversación de caudales por enchufes de personal externo contratado como asistencia técnica, que acabó consolidando puesto fijo. Por este caso, investigado en el juzgado de instrucción número 1 de Ourense, permanecen imputados el actual alcalde, el exalcalde Rodríguez, la directora general de Personal y dos exediles del BNG.