“No podemos exhumar a nuestro padre”

“Es imposible asumir los costes, no podemos darle un entierro digno a mi padre”, se lamentaba ayer con lágrimas en los ojos, visiblemente emocionada, Pilar Alcorisa, que lidia una batalla que ya dura cinco años con el Ayuntamiento de Valencia, presidido por Rita Barberá, para que autoricen la exhumación del cadáver de Teófilo Alcorisa, padre de un guerrillero al que buscaba la Guardia Civil. Al no encontrarle detuvieron a su progenitor en abril de 1947 cuyo cuerpo, tras morir ahorcado, fue enterrado en una fosa común en el cementerio de Valencia.

Tres de los cinco hijos de Teófilo, dos ya han muerto, pidieron este martes amparo a la Síndica de Greuges, Emilia Caballero. Según explicó Matías Alonso, del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, el Ayuntamiento de Valencia aprobó en febrero la exhumación de sus restos. Sin embargo, la Junta de Gobierno Local del pasado 23 de mayo estableció unos “requisitos” inasumibles para la familia, que debe sufragar el coste de la exhumación, siguiendo unas instrucciones, que disparan su presupuesto hasta los 45.000 euros.

“Es de cínicos, por una parte autorizar que se haga y luego imponer los gastos a la familia en unas condiciones leoninas”, se quejó Alonso que tildó de “farsa” el acuerdo del pleno que permitía la exhumación de Teófilo Alcorisa. “Solo queremos darle un entierro digno y que descanse en Burjassot con mi madre”, dijo su hija Pilar, que estaba acompañada por su marido Luis Romero y la abogada, Carlota Catalá, del despacho de Baltasar Garzón.

La familia en el año 2009 recibió una subvención del ministerio de Presidencia, de 25.000 euros, que tuvieron que devolver por no haber ejecutado la exhumación. Ahora el Ayuntamiento de Valencia exige un permiso de la Consejería de Cultura como “si se tratara de una excavación arqueológica, cuando una exhumación es un acto médico, jurídico y forense”, señaló Alonso.

La Síndica en funciones, Emilia Caballero, se mostró “bastante receptiva”, según la familia, a sus demandas y se comprometió a emitir en el mes de septiembre un informe instando al Ayuntamiento de Valencia a cumplir el acuerdo plenario. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU ya solicitó al Gobierno en diciembre pasado que investigara sobre el paradero de este represaliado.