Las tres diputaciones empujan a Urkullu a asumir 21 de los 30 millones de la multa

Ni el criterio propuesto por el Ministerio de Hacienda ha hecho cambiar de opinión a la Diputación de Bizkaia, la más próxima, políticamente, al Gabinete de Iñigo Urkullu. Pese a que su diputado general, José Luis Bilbao optó inicialmente por un criterio parecido al que ha expresado el ministro Cristóbal Montoro en el expediente abierto y comunicado a las cuatro instituciones vascas para que devuelvan los 30 millones de la sanción que ha impuesto la UE por incumplir de forma reiterada las sentencias comunitarias, este viernes volvió a mostrarse convencido de que seguir el modelo que propone la Ley de Aportaciones es el adecuado.

“La Diputación Foral de Bizkaia quiere insistir también en que no nos cerramos a ninguna posibilidad, incluida la distribución del pago de la multa por coeficientes siguiendo el modelo de la Ley de Aportaciones, con los porcentajes del 70% por parte del Gobierno vasco y el 30% de las Diputaciones, tal y como ya se había ido adelantando en los últimos meses en un tema en el que ha habido bastante consenso. Hay tiempo para hablar y por eso esperamos una pronta reunión”.

Según ese criterio el consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria deberá rascarse el bolsillo y colocar sobre la mesa 21 millones de euros, mientras que de los nueve restantes en torno a cuatro y medio los asumiría Bizkaia y los otros 4,5 restantes se los dividirían entre Gipuzkoa casi tres y el resto Álava.

El Gobierno central comunicó el martes a Euskadi que, una vez abonados desde sus arcas los 30 millones de la multa por las vacaciones fiscales, ahora corresponde a las instituciones autonómicas devolverle el dinero.

En el escrito, Montoro proponía el reparto de la multa en función de los montantes provinciales recuperados tras ser consideradas las ayudas fiscales como ayudas ilegales de Estado, pero en el mismo expediente nombraba un instructor para que en caso de cambiar el sistema de reparto, garantizara que la suma total sean los controvertidos 30 millones de euros. Su propuesta, muy cuestionada por Álava, pese a ser orientativa, era que la Diputación alavesa abonara el 65,85% de esa cantidad, casi 20 millones, la de Bizkaia, el 21,29% algo más de seis, y la de Gipuzkoa, el restante 12,86%.

Hacienda dice que el reparto de la multa es una cuestión vasca

De hecho, el diputado general de Álava, Javier de Andrés, telefoneó este viernes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para mostrarle su malestar y pedirle que rectifique, a lo que Montoro respondió que a él lo que le interesa es recuperar la cuantía total: “El sistema de reparto es una cuestión doméstica de las instituciones vascas”, le vino a decir. En una nota que emitió a media tarde señaló que las instituciones vascas disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones si lo estiman necesario e indica que “deberán comunicar el porcentaje del que se hará cargo cada una de las administraciones en el reembolso de la multa”. Pero deja claro que lo sustancial es que se devuelvan los 30 millones: “los porcentajes de reparto incluidos en el oficio son estimativos”.

El Gobierno vasco no quiso adelantar nada concreto este viernes, y tampoco si va a retrasar la convocatoria de una reunión entre todas las instituciones, a la ordinaria del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) de mediados del próximo mes de octubre. Mantiene que si hay un acuerdo entre las diputaciones acatará el resultado, aunque eso le lleve a tener que asumir la parte principal de la multa.

También se ha beneficiado del 70% de los fondos recuperados. En la reunión del CVF de octubre de 2012 el Gobierno de Patxi López ingresó 210 millones de los 300 que había recuperado —la mayor parte— Álava.

Su portavoz Josu Erkoreka hizo un llamamiento eset viernes a “actuar con prudencia y cautela” y huir de pronunciamientos unilaterales que puedan acabar perturbando la tramitación del expediente. “Estamos en plena tramitación del expediente, que tiene diferentes fases, algunas incluyen el derecho a hacer alegaciones de las partes implicadas y en esa fase estamos”, dijo Erkoreka. Luego remató: “Vamos a ser respetuosos con el procedimiento y una vez que se clarifique el panorama el Gobierno hará lo que tenga que hacer y pactará o resolverá o convocará lo que tenga que pactar, resolver o convocar”.

Frente a esa apelación a la prudencia de quien recibió la sanción en enero pasado calificándola de “cuestión menor” —al no poner patas arriba las competencias exclusivas que el Concierto Económico atribuye a las instituciones forales en materia de fiscalidad— EH Bildu no se mordió la lengua.

Erkoreka no avanza cuál es la postura que va a adoptar su Gabinete

Los portavoces de la coalición, Marian Beitialarrangoitia e Igor López de Munain denunciaron en San Sebastián que la ciudadanía vasca va a “pagar por dos” las consecuencias del modelo de las vacaciones fiscales, que el PNV ha “permitido e impulsado”, en alusión a la multa de 30 millones impuesta por el Tribunal Europeo de Justicia.

Para los portavoces independentistas la formación de Andoni Ortuzar está “protegiendo y alimentando el fraude y el despilfarro de dinero público. Se ha derrumbado el mito de la buena gestión del PNV”, dijeron y ese pasado va a dar entrada a una nueva época en la que la supuesta transparencia y la eficacia de sus miembros van a estar ya en duda de forma permanente. “Son mentiras que, por ser repetidas una y otra vez, no se convierten en verdades”, apuntaron.

Los tribunales europeos declararon las vacaciones fiscales como ayudas de Estado y por lo tanto ilegales, en 2001. En 2006 emplazaron de forma especifica a las diputaciones forales, —por si no estaba claro que era obligatoria la devolución por parte de las empresas de las ayudas recibidas—, a que reclamaran los fondos que concedieron en aquella década, en forma de ayudas y créditos fiscales a las empresas que invirtieron en Euskadi.

Las medidas consistían en una reducción gradual durante 10 años de la base imponible del impuesto de sociedades y el crédito fiscal del 45% a las nuevas inversiones superiores a los 15 millones, siempre que fueran en activos fijos materiales nuevos. En total se beneficiaron en torno a las 300 empresas vascas.

Tanto la comunidad autónoma de La Rioja como la de Cantabria consideraron que las ayudas perjudicaban notablemente a las empresas instaladas en territorios limítrofes al País Vasco e incentivaba la deslocalización empresarial, por lo que las denunciaron por competencia desleal. La fiscalía del Tribunal Superior va a abrir diligencias tras el verano para comprobar si las diputaciones fueron negligentes al incumplir las sentencias comunitarias.