Erkoreka: “El dictamen no puede ser tomado en consideración”

El Gobierno vasco ha cerrado la semana prácticamente como la empezó, con profundas críticas primero al borrador de la comisión de investigación parlamentaria de los fallidos proyectos automovilísticos Epsilon e Hiriko y, después, ahondando en ellas tras la ratificación del informe preliminar del presidente de la comisión, Carmelo Barrio, por parte de todos los grupos de la oposición. Este viernes, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha considerado que las conclusiones son "sectarias, parciales y unidireccionales". Y ha advertido de que "un documento tan desenfocado, desencaminado y tan claramente sectario y parcial no puede ser tomado en consideración si lo que se pretende es indagar y conocer lo que realmente ocurrió en esa materia".

Dos grupos, EH Bildu y UPyD, reclamaron ayer el cese de al menos seis altos cargos del actual Gobierno, puesto que formaron parte, en 2007 y 2009, de órganos a cuyos miembros el Parlamento atribuye responsabilidades políticas por las "irregularidades" que observa en los apoyos a Epsilon. El primero es el consejo vasco de promoción económica de noviembre de 2007, en el que había numerosos cargos del PNV que hoy siguen con responsabilidades en la gestión pública. Este foro fijó Epsilon como un proyecto estratégico, lo que permitió que recibiera ciertas ayudas. Erkoreka ha asegurado que ese órgano "no tenía capacidad resolutiva y solo tenía capacidad propositiva", una cuestión que "también pone de manifiesto hasta qué punto se ha optado por una interpretación de las cosas absolutamente parcial y concentrada en una única dirección con el objetivo claro de alcanzar una resolución que erosionara la imagen del Gobierno, pero sin ningún contenido ni sustancia".

El segundo foro, el consejo de administración del parque de Miñano en marzo de 2009, en el que hay personas que también estuvieron en el consejo de 2007, decidió impulsar una operación que obligó después a la administración autonómica a comprar por 16 millones de euros el edificio de Epsilon.

EH Bildu reclamó ayer que el Gobierno cumpla el código ético. En él se recoge lo siguiente: "Los cargos públicos y asimilados deberán responder por la gestión realizada, así como por las decisiones, acciones u omisiones propias de su ámbito de competencia y de sus propias funciones. Su responsabilidad podrá ser política o gerencial, según los casos, pudiendo conllevar –en aquellos supuestos previstos legalmente– una rendición de cuentas que suponga incluso el cese o el apartamiento del cargo que vinieran desempeñando. Para hacer efectiva esa responsabilidad, los cargos públicos y asimilados deberán exteriorizar y justificar en sus resoluciones, actos o en aquellas otras decisiones que adopten las razones objetivas de tales medidas, sometiéndose de ese modo a un correcto escrutinio por parte del Parlamento y de la propia ciudadanía".

También LAB se ha sumado a la petición de que los altos cargos apuntados asuman responsabilidades políticas. En un comunicado, la central abertzale ha señalado que "una vez más, evidencia un modelo de gestión de gobierno basado en el trasvase de capital público a manos privadas". Para LAB, se trata de "un trasvase sin control, sin garantías, que una vez más potencia el clientelismo político desde la gestión de lo público" y ha exigido que se asuman responsabilidades políticas. Los 60 millones en ayudas públicas para Epsilon e Hiriko "van a la basura", ha añadido el sindicato.

"Si realmente lo que la oposición quería era dar un pescozón al Gobierno Vasco nada más que por erosionar la imagen del Ejecutivo en un escenario preelectoral, podría haberse ahorrado esta tramoya", ha señalado Erkoreka en San Sebastián. Las conclusiones muestran a juicio del portavoz que la oposición al completo no estaba interesada "lo más mínimo en lo que realmente ha sucedido".

La razón esgrimida por Erkoreka es la misma que tanto la consejera Arantza Tapia como los portavoces del PNV en la comisión de investigación, Luis Javier Tellería y Josune Gorospe, han planteado: que el dictamen no recoge parte de la documentación remitida a la Cámara, como un informe de los asesores jurídicos del parque tecnológico de Miñano que propone realizar una operación concreta, la que, según altos cargos de la época, finalmente se acabó materializando y cuya legalidad ha sido cuestionada por la Cámara. "Hay una serie de datos que ponen claramente de manifiesto que en esas conclusiones se margina lo esencial y se focaliza lo marginal o secundario", ha resumido.

"Si tenemos en cuenta -ha aclarado- que el 80% de los fondos públicos empleados en esos proyectos procedía del Gobierno central, el hecho de que se ponga el énfasis exclusivo en las instituciones que aportaron el 20% restante pone de manifiesto hasta qué punto se han orientado y encaminado específicamente las investigaciones y las conclusiones a identificar un entorno muy concreto". Las conclusiones han olvidado "que el fenómeno era mucho más amplio y que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero empleó aquí ingentes fondos públicos de los que nada se dice en el documento de conclusiones".

El Gobierno de Rodríguez Zapatero aparecía como uno de los responsables políticos entre las alegaciones presentadas por UPyD ante el proyecto de coche eléctrico Hiriko, porque su parlamentario, Gorka Maneiro, entiende que el Ejecutivo central sucumbió a las "presiones" del PNV para conceder ayudas (14 millones) a este fallido proyecto. Sus alegaciones, como todas las presentadas, fueron rechazadas por el resto.