El Parlament da el paso definitivo para amparar la consulta soberanista

A la espera de que se materialice el diálogo entre Mariano Rajoy y Artur Mas, el Parlamento catalán dio ayer el paso definitivo para aprobar la ley que servirá de amparo legal para la consulta del 9 de noviembre. La ponencia que elabora la norma concluyó sus trabajos y aprobó los flecos pendientes.

Uno de los más importantes establece que entre la publicación del decreto de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat y la celebración de la consulta ha de mediar un mínimo de 30 días y un máximo de 60. Eso implica que, a más tardar, Mas firmará el decreto de la consulta el 9 de otubre. Queda por ver si apura o no el plazo, pues desde hace meses ha declarado que su estrategia pasa por “ponerlo muy difícil”, tanto en en lo que se refiere a los plazos como a la legalidad, para que se vete la consulta. El Gobierno del PP ya ha anunciado que impugnará la convocatoria en cuanto sea oficial y se da por hecho que el Constitucional resolverá con una celeridad inusual el recurso y muy probablemente suspenderá la consulta.

Tras aprobarse la ponencia, el siguiente paso se dará el próxima día 16, cuando la Comisión de Asuntos Institucionales apruebe el dictamen de la ley. Después se enviará al Consejo de Garantías Estatutarias, que tiene un mes para informar si se ajusta al Estatuto. Así lo decidieron los partidos que apoyan la ley (el bloque soberanista compuesto por CiU, Esquerra, ICV y la CUP, por un lado, y el PSC, por otro) para evitar que los detractores de la norma retrasaran su aprobación. El PP se opone a la ley pero ha estado en los trabajos de la ponencia, mientras que Ciutadans se retiró a la tercera sesión. Los socialistas votarán a favor de la ley pero advierten que se oponen a que sirva para convocar la consulta .

El informe del Consejo de Garantías, el equivalente en el ámbito autonómico al Consejo de Estado, estará listo a finales de agosto, a más tardar, de manera que la ley de consultas podrá aprobarse por el Pleno del Parlamento catalán en cuanto se inicie el próximo período de sesiones, tras la Diada del día 11.

Otro fleco resuelto ayer establece la creación de una comisión de control designada por la cámara catalana que hará de autoridad electoral. A los extranjeros comunitarios se les exigirá un mínimo de un año inscritos en el padrón para poder votar, y a los extracomunitarios, tres años de “arraigo”. El censo que se empleará es el Registro de Población de Cataluña elaborado con el pladrón municipal. Podrán votar los mayores de 16 años residentes en Cataluña y los catalanes que vivan en el extranjero y se inscriban en un registro creado por la Generalitat.