Decidir la sanidad que queremos

El nombramiento de Boi Ruiz, expresidente de la patronal Unió Catalana d'Hospitals (UCH), como consejero de Salut de la Generalitat de Catalunya auguraba un período difícil para la sanidad pública del país. En unos momentos de extremas dificultades, se confiaba el sistema a un detractor público del Institut Català de la Salut (ICS). Sus declaraciones, nada más aterrizar en el cargo, tildando la entidad de “ineficiente” confirmaban los temores de los profesionales del sector.

La elección de Josep Prat como presidente del ICS supuso un peldaño más hacia la desconfianza. La clara incompatibilidad de cargos y su oscura figura en lo que ya se conoce como caso Innova hacía saltar todas las alarmas respecto a los planes de futuro de la sanidad pública catalana. “El ICS es una empresa grande, que no una gran empresa, ineficiente e ingobernable”. Esta afirmación de Prat en el Colegio de Médicos dejó en evidencia que su principal objetivo era, si no destruir, al menos reducir el ICS hasta convertirlo en un proveedor de salud de mínimos, introduciendo como alternativa la sanidad privada.

Las evidencias de este objetivo estratégico no tardaron en llegar. La filtración de un informe encargado por Salut a la consultora PricewaterhouseCooper (PwC) sobre las fórmulas de privatización de las empresas públicas y los consorcios abrió las puertas a la polémica, a la vez que se iban conociendo las presuntas fechorías del ideólogo del plan, Josep Prat. El informe en cuestión aconsejaba desmembrar el ICS en más de 20 empresas para, a continuación, ofrecer a la iniciativa privada aquello que resultara más rentable.

La detención y la imputación de Josep Prat por malversación de fondos públicos no frenó los afanes privatizadores del gobierno de CiU. Sin embargo, el consejero aprendió la lección y planificó un proceso de desmantelamiento menos ruidoso pero que no se mueve un ápice de las directrices prefijadas. En 2012 se puso en marcha el proyecto CIMS en Girona, la unión entre el Institut d'Assistència Sanitària (concertado) y el Hospital Josep Trueta (público), mediante el cual se ha iniciado la derivación de los pacientes hacia las clínicas privadas de la provincia.

El proceso continúa en Lleida con la creación de un ente aglutinador de los dispositivos sanitarios públicos. Un ente que se crea desde el oscurantismo y en el que se está estudiando “cómo garantizar que la sanidad sea siempre pública”, según palabras del propio consejero. Y continúa también en Tarragona donde impera la opacidad y la desinformación respecto a la reordenación que allí se proyecta.

Mientras, la estrategia consiste en descapitalizar la sanidad pública, reduciendo año tras año el presupuesto del ICS, lo que obliga a cerrar camas y quirófanos y provoca el aumento de las listas de espera. Ante la incapacidad efectiva de los centros públicos, Salut envía a los pacientes, especialmente los que requieren intervenciones poco complejas, a la sanidad privada con ánimo de lucro.

Por mucho que las gerencias hospitalarias lo nieguen, el personal confirma que los pacientes del Hospital de Bellvitge se derivan a la Clínica Platón y al Hospital del Sagrado Corazón, ambos privados. Y lo mismo ocurre en la mayoría de los centros de la red pública e incluso de la concertada. El recorte en la sanidad pública genera negocio a la privada promovido por la propia Administración. El negocio perfecto: cero riesgos, todo beneficio.

Los médicos jóvenes han perdido gran parte de la ilusión de desarrollar su carrera en el ICS. La ausencia de oportunidades, las bajas remuneraciones, las contrataciones eventuales concatenadas y unas condiciones laborales muy por debajo de las del resto de proveedores sanitarios, provocan que muchos de estos profesionales opten por ejercer la medicina lejos de la sanidad pública, en un centro privado o en el extranjero. La pérdida de este capital humano será especialmente grave dentro de 10 años.

A pesar de los esfuerzos de los sindicatos y de las plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, con el apoyo de algunos partidos políticos con representación parlamentaria, el proceso de desmantelamiento del ICS sigue adelante. Aunque CiU gobierna en minoría, no se han negociado, debatido ni planteado alternativas a los ajustes sociales. Ahora, si no se pone remedio, se aprobará la creación del ente sanitario en Lleida que en la práctica representará el inicio del fin del ICS y, lo que es más grave, del control estricto por parte del Parlament de los recursos públicos destinados a la sanidad.

Nos encontramos ante la sustitución del actual modelo sanitario por otro modelo diseñado e implementado sin el consenso político, profesional y social que pide el cambio del engranaje que provee algo tan importante como el derecho a la salud. El Govern tiene la potestad de plantear un cambio de modelo y someterlo a debate, pero no puede imponerlo utilizando los instrumentos de la vieja política. Tenemos derecho a decidir, también, qué sanidad queremos.

Teresa Fuentelsaz es vicepresidenta de Metges de Catalunya y delegada en el Hospital de Bellvitge.