La ocupación de casas en Sanlúcar tensiona otra vez el pacto de Gobierno

La política de vivienda amenaza con abrir una brecha en el Gobierno andaluz. La respuesta de la Consejería de Fomento a las ocupaciones masivas de familias excluidas en pisos vacíos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) no ha gustado a la dirección del PSOE andaluz, que, sólo tres meses después de la crisis de la corrala La Utopía, le pide a su socio “que se ponga las pilas” y dé respuesta a la alarma social creada “cumpliendo la ley de función social”.

Aunque el secretario de Organización de los socialistas, Juan Cornejo, aseguró este viernes que la discrepancia surgida entre los socios por el movimiento okupa detectado en la ciudad gaditana es “un hecho puntual” en un pacto “sano y fuerte”, el dirigente regional no ocultó su malestar por la posición de la federación de izquierdas en un tema tan delicado como complejo. “O se está con el Gobierno o se está fuera. Y algunos representantes de IU juegan a una doble moral y con un doble mensaje”, lanzó Cornejo, no sin antes exigir a su socio “responsabilidad” y a la Consejería de Fomento, que dirige Elena Cortés (IU), que busque “viviendas transitorias, alternativas o alquileres” para las personas que se determine que lo necesitan.

El secretario de Organización se trasladó este viernes a Sanlúcar para hacer pública la posición del PSOE y apoyar al alcalde del municipio, el socialista Víctor Mora, quien lleva días dando la voz de alarma y solicitando ayuda a las Administraciones supramunicipales sin obtener, hasta ahora, respuesta alguna.

Si la consejería no está para negociar con los bancos, ¿para qué está?”, dice el dirigente socialista

Las ocupaciones de edificios abandonados en la localidad empezaron a ser masivas hace casi dos semanas. Desde entonces, se calcula que hasta 70 familias puedan estar habitando de manera ilegal inmuebles localizados en seis puntos diferentes de la ciudad. El regidor sanluqueño ha ofrecido a la consejería un solar urbanizado para la construcción de 47 pisos, ha estudiado caso por caso la emergencia social de cada una de las familias okupas que ha encontrado y ha elaborado un censo de casas vacías con el fin de que la Junta negocie con los bancos titulares de muchos de los inmuebles la cesión de esos edificios para alquileres sociales. El Ayuntamiento ha remitido dos escritos a Fomento solicitando su ayuda y ha pedido al Estado más vigilancia policial en los bloques, todavía vacíos, para evitar que las ocupaciones vayan a más. El subdelegado del Gobierno central en la provincia de Cádiz, Javier de Torre, ya ha avanzado que no reforzará la zona porque, en su opinión, el aumento de agentes no frena a los okupas. Y, según subrayó ayer Cornejo, los requerimientos enviados a Vivienda no se han contestado. “El Ayuntamiento está haciendo lo que debe y la consejería tiene que cumplir sus obligaciones, responder las cartas del alcalde y trabajar de la mano del Ayuntamiento y los servicios sociales para dar solución a esta situación que estamos viviendo”, apostilló el socialista.

Ni el gobierno municipal ni la Consejería de Fomento saben cómo puede acabar en Sanlúcar el movimiento ya denominado Corrala por la Dignidad y aunque la crisis abierta por el realojo de los vecinos de La Utopía está fresca en la memoria de los dos partidos que sustentan el Gobierno andaluz, Cornejo quiso ayer asentar las bases: “Por mucha presión que pueda existir, el PSOE no va a apoyar al que dé una patada en la puerta de una vivienda. Nosotros, siempre, antes, ahora y mañana vamos a estar al lado de la legalidad”, señaló. “En la corrala de Sevilla se hizo cumplir la ley. Tras 12 horas de negociación, al final, se cumplió la legalidad. El PSOE no va a recibir lecciones de nadie en inclusión social, pero siempre dentro de la ley”, añadió. En este conflicto, IU siempre mantuvo que la decisión de alojar en viviendas sociales a las familias era correcta. Así lo ratificaron después los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla y un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Cornejo recordó a su socio que la ley de función social de la vivienda se hizo para “evitar desahucios y llegar a acuerdos con bancos y propietarios para poner casas vacías a disposición de los usuarios que lo necesiten”.

Desde la delegación de Fomento en Cádiz sostienen que es el Ayuntamiento el que debe dar cumplimiento a un acuerdo municipal y negociar con los bancos, titulares de los inmuebles vacíos, la disposición de esas casas deshabitadas para alquileres sociales. “Si la consejería no está para negociar con los bancos, ¿para qué está?”, protestó el alcalde de Sanlúcar.