Un excargo acusa a Viera y Fernández de querer aplicar “el derecho privado” al IFA

Las 13 declaraciones de los ex altos cargos de la agencia Idea (antiguo IFA) ante la Guardia Civil por el caso ERE revelan las convulsas discusiones y enfrentamientos que produjo el fondo de los ERE en la cúpula de la Consejería de Empleo. La juez Mercedes Alaya entregó ayer a las partes estas 13 declaraciones de los ex altos cargos del IFA, prestadas como testigos e imputados a lo largo del año pasado. Alaya lo hizo obligada por la Audiencia de Sevilla, que le avisó de que podía conculcar el derecho de defensa de los imputados al impedirles conocer las declaraciones que afectaban a sus imputaciones.

Entre las declaraciones destaca la de Francisco José Oyonarte, secretario general del IFA entre 2003 y 2004, y que revela de manera gráfica el enfrentamiento con sus antiguos jefes, tanto el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, como el exviceconsejero y posterior consejero Antonio Fernández. Oyonarte destaca cómo para poner orden en las ayudas que pagaba la agencia Idea, él abogaba por introducir pautas del derecho público, mientras que sus exjefes buscaban implantar la gestión privada en el IFA.

“Fernández [viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández] vino a criticar los nuevos procedimientos iuspublicistas que se estaban intentando implantar en el instituto y en especial abogó por una vuelta al derecho privado en relación a la gestión integral del IFA”. Viera convocó a Fernández y los secretarios generales, todos ellos miembros del consejo rector del IFA, “para mejorar la gestión” del organismo, según el testimonio de Oyonarte. Sin embargo, el ex alto cargo estima que dicha reunión se celebró para “reprocharle el nuevo planteamiento básico que se intentaba implementar en el IFA” y convenirle a revisarlo, una orden que él ignoró.

El ex secretario general del IFA relató a los investigadores cómo al llegar al IFA intentó “potenciar los aspectos jurídicos públicos” del instituto, ya que en su opinión se había malinterpretado la ley para lograr que el derecho privado —en vez del derecho público, que exige un mayor control de la gestión— primara en la gestión del instituto público de la Junta.

Esta intención de Oyonarte chocó de manera frontal con los dirigentes de Empleo (“Viera y Fernández”): “Tenían la percepción de que estarían más constreñidos en sus actuaciones al imponer una mayor carga jurídico-pública en las actuaciones del IFA”, declaró el testigo a los agentes. Oyonarte estima que sus exjefes le consideraban un profesional “inflexible y sin cintura”. “Mi paso por la secretaría general fue un calvario”, resumió Oyonarte. Tras su salida, el ex alto cargo asegura que sufrió una bajada de categoría y reducción de sueldo por su oposición.

Cuando este secretario general del IFA tuvo conocimiento por primera vez de los convenios con Empleo para ayudas de los ERE, reunió a su equipo y pidió explicaciones a la Dirección de Finanzas, que le aclaró que los convenios provenían del acuerdo de 2001 que daba inicio al fondo de los ERE. Tras estudiar el convenio marco y los acuerdos entre Empleo y el IFA, Oyonarte concluyó que solo podía autorizar los que no superaran los pagos de 450.000 euros, dado que los expedientes de las ayudas residían en la Dirección General de Trabajo y el servicio jurídico no podía dar el visto bueno a estas subvenciones. El testigo relata cómo recibió “importantes presiones” de Fernández, “principalmente, para que se firmasen y se ejecutasen esos convenios”.

Tras los reparos expresados, finalmente el entonces director general del IFA Francisco Mencía firmó todos los convenios que no superaban los 450.000 euros, quedando sin firmar tres de ellos por cantidades superiores. En la sesión del consejo rector que analizó dichos acuerdos, Fernández argumentó que “lo que tenía que hacer el IFA era pagarlas”, ya que eran unas “transferencias finalistas”.

Mientras, el exjefe del servicio jurídico de Idea, José Antonio Vicente Ávila, declaró a los agentes que “le llamaron la atención las reiteradas ayudas” inferiores a 1,2 millones concedidas por Empleo y abonadas por la agencia Idea, un límite por el que deberían ser ratificadas por el Consejo de Gobierno, informó Efe. Eso sí, Vicente Ávila aseguró a los investigadores que durante su etapa no le trasladaron que hubiese ningún problema con la materialización de los pagos de las ayudas del fondo de los ERE. Además, añadió que nunca fue informado de la falta de competencia de la Dirección General de Trabajo para otorgar las subvenciones.