Una juez impone 9,2 millones de fianza al alcalde de Las Rozas

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, Sara Rodríguez Huertas, ha impuesto una de las fianzas más altas conocidas en los últimos años al actual alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, del PP. La juez cree que el anterior regidor de Guadarrama, procesado por un delito de prevaricacion, puede tener que pagar esa cantidad como indemnización a los herederos de un empresario de la localidad serrana. El caso se encuentra ahora mismo a la espera de que abra el juicio oral en los Juzgados de lo Penal. Fuentes próximas al regidor roceño han anunciado que recurrirá el auto judicial al considerar "desproporcionada" la cantidad exigida por la juez.

El litigio se remonta a cuando José Ignacio Fernández era el alcalde de Guadarrama. Contactó allí con el empresario Luis Álvarez García que tenía una parcela en pleno centro de la localidad, al que le ofreció permutar los terrenos por otros en las afueras del casco urbano y por una concesión de un supermercado en la futura plaza de toros por un periodo de 25 años, según fuentes judiciales. 

El empresario accedió a la permuta. Primero firmaron un contrato y después un convenio entre el Ayuntamiento y la empresa. Con lo que no contaba en el regidor es con la fractura que se produjo dentro del PP de Guadarrama. Una escisión de este partido en el poder fundó un colectivo independiente, que fue el que ganó las elecciones. La nueva alcaldesa denunció que el convenio firmado por su antecesor era gravoso para el municipio, por lo que denunció ante la justicia. Se basó de hecho en un informe del Secretario e Interventor municipal, en el que desaconsejaba la firma del contrato.

El empresario falleció hace cuatro años como consecuencia de un fallo multiorgánico y han sido sus herederos (sus tres hijos) los que han seguido el procedimiento contra el actual alcalde de Las Rozas. Jamás recibieron las parcelas que les propusieron en el contrato. Ahora, ejercen la actividad de venta de material de construcción en dos terrenos que tienen en propiedad. Tampoco se hicieron con la concesión por 25 años del supermercado de la plaza de toros.

La juez de Instrucción número 2 de Villalba ha firmado un auto en el que le impone que deposite una fianza por valor de 9,2 millones. Y desglosa las cantidades: 1.769.340 euros en concepto de daños y perjuicios; otros 7,2 millones en concepto de lucro cesante (beneficio no conseguido) por el contrato con la entidad Supercor a razón de 288.000 euros anuales de canon durante los 25 años, y 250.642 euros por el acondicionamiento de las dos parcelas cedidas en un principio por el Ayuntamiento y que luego las recuperó.

El alcalde está acusado de un delito de prevaricación por el que le piden 10 años de inhabilitación para ejercer cargo público. La acusación particular la ejerce el abogado José María Garzón en representación de los herederos. El auto firmado por la juez Sara Rodríguez también declara como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Guadarrama, pero en este caso no tendrá que hacer depósito de la fianza al tratarse de una administración pública, tal y como marca la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

Fuentes próximas al alcalde de Las Rozas han anunciado que recurrirá el auto de la juez de Collado Villalba al creer que excede con mucho la responsabilidad del regidor, máxime cuando no ha habido ningún enriquecimiento por su parte. También recuerdan que solo le dan un día para reunir esa cantidad o presentar un aval solidario. A eso añaden que en su opinión existe un defecto de forma por parte de la instructora, al no haber pedido en su auto de transformación que las partes se pronuncien sobre la fianza que debe presentar el procesado.