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Juzgado por prevaricación el alcalde de Guadarrama

El regidor permitió a la firma del edil de Urbanismo, que él asesoraba, construir un restaurante en un molino protegido

El alcalde de Guadarrama y diputado regional (PP), José Ignacio Fernández Rubio, el concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente Miguel Rodríguez Bonilla y otros tres concejales populares han sido acusados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba de un delito de prevaricación -tomar una decisión a sabiendas de que es injusta- con consecuencias contra el medio ambiente.

Los tres concedieron una licencia provisional de explotación para instalar un restaurante, El Molino del Rey, en suelo protegido con el único aval de un informe elaborado por un ingeniero industrial, en el que se obviaban las consecuencias ambientales y la calificación de los terrenos, no urbanizables y especialmente protegidos. Además, el concejal de Urbanismo es administrador de la empresa propietaria del restaurante, y el alcalde fue abogado y asesor de la misma.

Fernández Rubio, que gobierna el municipio casi ininterrumpidamente desde 1995, asegura que se ha inhibido de todas las decisiones que se han tomado respecto al restaurante. Pero ha estado al frente de la comisión municipal que trató el tema, según un escrito del fiscal.

"En octubre pasado la Comunidad autorizó la recalificación de los terrenos", explica el regidor, que también es portavoz de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Asamblea de Madrid. "Espero que la decisión de la Comunidad ayude a cerrar el caso", concluye. Pero el supuesto delito que se juzga es anterior a la recalificación de los terrenos.

Los problemas comenzaron en 2000, cuando la empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el edil de Urbanismo, adquirió unos 3.000 metros cuadrados junto al río Guadarrama con la intención de restaurar un antiguo molino de piedra para instalar un restaurante. Para ello solicitaron un permiso al Ayuntamiento. Desde entonces el asador El Molino del Rey lleva funcionando con una licencia provisional, a pesar de encontrarse en un espacio clasificado como monte preservado y suelo no urbanizable protegido. "Muchos otros propietarios intentaron rehabilitar el molino, pero el Ayuntamiento siempre denegó cualquier licencia", cuenta el dueño de los terrenos colindantes, que llevó el caso a los tribunales.

Durante ocho años la Consejería de Medio Ambiente rechazó la recalificación de los terrenos junto al río Guadarrama.En febrero de 2003, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid reclamó al Ayuntamiento que clausurara el restaurante El Molino del Rey. Pero el local nunca fue cerrado. Los propietarios realizaron obras y levantaron una valla de piedra en torno al molino, e instalaron un merendero y un aparcamiento para un centenar de coches, sin traba por parte del Consistorio. De esta forma, convirtieron un antiguo molino del siglo XVIII, que era uno de los mayores proveedores de harina de la Panera Real, en un restaurante para 120 comensales.

El propietario de la finca colindante, José Rodríguez Rubio, llevó el caso a los tribunales porque los propietarios del molino se habían apropiado de una parte de sus terrenos. Rodríguez Rubio inició dos procedimientos: uno civil, para conseguir que le devolvieran la parte de suelo que reclamaba, y otro penal, por presunta prevaricación.

El juez que instruye el caso, Juan José Escalonilla, consideró el 18 de septiembre de 2006 que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y dio traslado al ministerio fiscal, que se interesó en el caso y acusó al alcalde, al concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente, y a los otros tres ediles populares que concedieron en 2000 la autorización al local: José Antonio Garrido, Remedios Panizo y José Ignacio Gómez.

Se confirma el delito

Con el caso en los tribunales, el alcalde intentó regularizar la situación. Aunque la decisión que constituye el supuesto delito ya estaba tomada. Por eso, Fernández Rubio explica que "el fiscal presentó su escrito unos meses antes de que el local lograra el permiso de la Comunidad, pero ahora el problema está solucionado con la calificación urbanística de Medio Ambiente". En marzo de 2008, el juez del caso, ante un escrito presentado por la acusación, confirma el delito contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 329.2 del Código Penal -se castigará a la autoridad que hubiese resuelto a favor de una concesión a sabiendas de su injusticia- que ya había establecido.

El regidor explica que "la autorización libera a la empresa de realizar una declaración de impacto ambiental". Medio Ambiente condiciona la autorización a la consideración del restaurante como "un establecimiento rural". Además, el permiso regional traspasa al Ayuntamiento la obligación de emitir un informe de evaluación ambiental.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de mayo de 2008