Poderes

En estos años de crisis la protección del medio ambiente, y del patrimonio natural en concreto, han pasado a segundo plano. Es una realidad que se confirma cuando compruebas que en el Gobierno de Cataluña ya no existe un departamento exclusivo para las políticas medioambientales. Además los recortes presupuestarios se han ensañado en las partidas destinadas a proteger el medio ambiente: en 2011 descendieron un 60% y en los tres últimos años la inversión ha sido cero.

Esto ha significado un desmantelamiento de las políticas de conservación del patrimonio natural del país, el incumplimiento de las directivas europeas y el estrangulamiento de la gestión de los parques naturales y otras figuras de protección, reduciendo personal, eliminando los servicios educativos y los de mantenimiento. También ha significado la condena de muchos centros de investigación de universidades, de los colegios de ambientólogos, biólogos y geólogos y de más de un centenar de asociaciones de conservación del patrimonio natural de Cataluña. Todas estas instituciones y entidades comparten la opinión de que este patrimonio ha sufrido un empeoramiento irreversible en las zonas protegidas.

El actual Gobierno de Cataluña (CiU-ERC) ha debilitado las normas de protección ambiental y no ha desarrollado los planes de uso y gestión de los espacios protegidos, cediendo a la presión de los lobbies económicos que ven una oportunidad de negocio en los espacios naturales públicos.

Esta actitud caníbal del poder económico necesita un aliado político que le ayude a hacer posible, en forma de ley, el mordisco al patrimonio natural. El PP ya lo ha consumado en la nueva ley de costas que indulta las barbaridades urbanísticas en el litoral español. En Cataluña se intentó hacer un traje a medida al magnate del juego Sheldon Adelson para construir un complejo de casinos y hoteles en el Parc Agrari del Delta del Llobregat y que no prosperó gracias a la presión popular. El Gobierno de CiU estaba dispuesto a cambiar leyes ambientales y de prevención de la salud de las personas para satisfacer las ansias especulativas del tejano.

La ley indica que solo se puede construir un 20% más de la superficie construida; el proyecto prevé construir un 300% más

Ahora Ferran Adrià, reputado cocinero propietario de El Bulli, situado en Cala Montjoi, ha presentado un proyecto, denominado elBullifoundation, donde quiere ampliar en unos 3.000 metros cuadrados la actual finca, construyendo un taller internacional de investigación gastronómica y un museo. Una iniciativa loable pero que obvia el cumplimiento de la ley.

El restaurante actual, de unos mil metros cuadrados, está situado en el Parc Natural de Cap de Creus y la zona de Cala Montjoi y tiene un escalón más de protección, ya que forma parte del Pla Natural d'Interès Nacional (PNIN). La ley indica que solo se puede construir un 20% más de la superficie construida. El proyecto prevé construir un 300% más, con terrazas artificiales, zonas bajo tierra y un museo donde se espera la visita de miles de personas que tendrán que pasar por una carretera estrecha y sin salida. La propuesta privada incumple diversas leyes urbanísticas: POUM de Roses, Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines y la propia ley de Urbanismo de Cataluña, además de leyes ambientales: La ley 4/1998 de protección del Cap de Creus, el plan especial de protección del Medi i del Paisatge de Cap de Creus, el Pla d'Espais d'Interès Natural y la Xarxa Natura 2000. Como ven una nimiedad.

Ante esta propuesta, el Gobierno catalán ya se ha movilizado en su tarea de muletilla del poder económico y se declara dispuesto a cambiar lo que haga falta para poder aprobar el proyecto. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha propuesto elaborar una ley especial para declarar de interés público el proyecto de Ferran Adrià y así superar todas las condiciones ambientales que impone la protección del Parc Natural de Cap de Creus.

Ante esta arbitrariedad que propone el Gobierno de CiU i ERC, ¿qué prevalece, el interés general o la protección del patrimonio natural? ¿Es lícito, es legítimo, como se pregunta el arquitecto Rafael de Ribot, hacer una ley para un caso único? ¿Y si se empieza a aplicar en el caso de El Bulli, dónde se para, cómo reaccionaran aquellas personas que hasta ahora no se les ha permitido ninguna ampliación fuera de la normativa vigente? ¿El mejor cocinero del mundo tiene carta blanca ante un Gobierno sumiso, que es capaz de incumplir las leyes votadas por los representantes de la ciudadanía en el Parlamento?

El paisaje, el medio ambiente, son patrimonio de la ciudadanía, y esta debe impedir esta barbaridad que va contra el principio de igualdad ante la ley y contra el sentido común. Si Ferran Adrià quiere construir un complejo internacional de investigación gastronómica que lo haga en cualquier sitio del país, no en Cala Montjoi, privándonos del bienestar que nos da un espacio muy poco intervenido por el ser humano.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia