Los ediles de PSOE y BNG imputados en Ourense culpan a dos técnicos

El bipartito entre socialistas y nacionalistas que gobernaba el Ayuntamiento de Ourense en 2008, imputado por presunta prevaricación tras adjudicar a dedo, con urgencia y en secreto una obra de 593.000 euros, señala a dos técnicos —el asesor jurídico jefe y el interventor municipal— por no advertir de presuntas ilegalidades antes de aprobar la reforma de la calle Bedoya. Aquella junta de gobierno en la que no estaban presentes los dos funcionarios señalados, adjudicó la obra a una constructora de la que era director financiero un miembro de la ejecutiva del PSdeG en la ciudad y lo hizo sin revisar el expediente porque era “el procedimiento habitual”.

El alcalde y las dos tenientes de alcalde socialistas, el exalcalde también del PSOE y cinco exconcejales del BNG, que en la última semana han declarado ante el juez, afirmaron desconocer alerta alguna de los dos técnicos que en cambio, en sus pruebas testificales, aseguraron haber advertido verbalmente de la ilegalidad del procedimiento. A pesar de ese supuesto aviso y de la carencia de los obligatorios informes jurídicos y de intervención en el expediente, los nueve ediles imputados asignaron la obra tras negociar en secreto con tres empresas que, en realidad, eran la misma. La investigación del juez destapó que Ocasa y Betunes son la misma y la tercera (Opain) está presidida por el hijo del dueño de Ocasa y participada por esta. Los documentos con las ofertas eran casi idénticos, compartían fallos de impresión y fueron registrados con minutos de diferencia.

Algunos de los políticos socialistas implicados en el caso descargaron responsabilidades en Andrés García Mata, el exconcejal del Bloque encargado de infraestructuras, al aseverar que “confiaban” en su compañero y por eso no revisaron el expediente. Según sus declaraciones, los nueve concejales se limitaron a ratificar la propuesta sin leer papel alguno. Mata reconoció al juez que él propuso a las tres empresas con las que el gobierno local negoció en secreto y matizó “no tener conocimiento previo del expediente antes de aprobarlo”. “El procedimiento negociado urgente y sin publicidad lo decidió el asesor jurídico porque yo desconocía los trámites administrativos”, insistió.

En el expediente figura un informe que el interventor envió a la Xunta dos días después de la polémica junta de gobierno, certificando la existencia de fondos municipales para la ejecución de la reforma y en el que no advierte de irregularidades. Las defensas de los políticos imputados consideran “clave” este documento que, en su opinión, demostraría la inexistencia de alerta alguna y concedería validez al procedimiento. La investigación judicial, iniciada tras una denuncia de Democracia Ourensana, continuará, probablemente, con la citación de más testigos. En aquella junta de gobierno, el bipartito acordó la reurbanización de otra céntrica plaza siguiendo un procedimiento idéntico, también denunciado, y que investiga otra juez.