Detenidos el alcalde y seis concejales de CiU y el PP de Torredembarra

La Guardia Civil dio este jueves un golpe a la corrupción en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragonès), gobernado por CiU, PP, y el grupo independiente GIT. Los agentes detuvieron al alcalde, el convergente Daniel Massagué, a un empresario local, Blas Niubò, y a seis ediles del equipo de gobierno: la primera teniente de alcalde, Paquita Folguera (CiU); los concejales nacionalistas, Elia Rodríguez, Pere Font y Santiago Ardèvol; el independiente Ignasi Duran; y el popular José Oviedo. La mayoría de ellos forma parte de la Junta de Gobierno Local.

Todos están acusados de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales por un cúmulo de ilegalidades, entre las que encuentra la supuesta adjudicación irregular de contratos y alquileres, según fuentes policiales. Los detenidos empezaron a declarar por la tarde en los juzgados de El Vendrell (Baix Penedès).

La operación arrancó a primera hora de la mañana, cuando la Guardia Civil accedió al Consistorio para registrarlo y pidió a los trabajadores que dejaran sus ordenadores abiertos y salieran del edificio. Decenas de vecinos se agolparon durante todo el día en los aledaños del Ayuntamiento con carteles contra la corrupción.

La trama tiene abiertos varios frentes bajo secreto de sumario, ya que los agentes también registraron la sede de la constructora Teyco, en Barcelona, que entre otros proyectos ha levantado en el municipio el aparcamiento de Filadors. El PSC denunció en un pleno en 2010 que el presupuesto del equipamiento, inicialmente de dos millones de euros, acabó costando casi un millón más. La CUP acusó en 2013 al alcalde de conceder a dedo las obras.

La oposición denunció al alcalde por adjudicar contratos a dedo

La investigación indaga si Teyco, empresa propiedad de la familia Sumarroca, tiene relaciones con una sociedad vinculada a Massagué, según fuentes cercanas al caso. La Guardia Civil precintó el domicilio del alcalde y Maes, una panadería relacionada con el convergente, a la espera de registrar ambos inmuebles, previsiblemente, esta madrugada.

Las denuncias de presunta corrupción llevadas a la justicia por los partidos de la oposición —PSC y ERC—, y particulares llevan sucediéndose durante todo este mandato. Entre ellas, la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Baix Penedès) indagan en la presunta ilegalidad de trabajos de asesoramiento e informes encargados mensualmente a la empresa consultora Efial. También el alquiler de dos locales, uno de ellos pactado inicialmente por 6.000 euros al mes pese a sufrir varias carencias.

Por todo ello, el pasado 9 de junio estaba citada a declarar la jefa de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento en calidad de imputada. Esta denuncia de la oposición se remonta a octubre de 2012, cuando el PSC acusó al Gobierno local de no convocar concursos públicos y otorgar a dedo las contrataciones del Consistorio, llegando a afirmar que el alcalde hacía caso omiso a los informes jurídicos del secretario municipal y lo puenteaba acudiendo a una consultora externa para realizar informes “a medida”. “Los concursos se convocan cuando se pueden llevar a cabo”, argumentó entonces el alcalde.

Entre enero y mayo de 2012, Efial facturó al Ayuntamiento 88.438 euros. Entre 2010 y esa fecha, la cifra superó los 171.000 euros. Los tentáculos de Efial también están judicializados en las Tierras del Ebro: El Juzgado de Instrucción 1 de Tortosa (Baix Ebre) imputó por dos contratos al alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí (CiU), y a Antonio Martos, socio de Efial y al mismo tiempo gerente de una sociedad municipal urbanística.

En Torredembarra, la oposición acusó al alcalde de llevar al Ayuntamiento “a situaciones al límite de la ley” prorrogando contratos o adjudicándolos por el procedimiento de urgencia. Este último caso ocurrió con la limpieza viaria, cuando en junio de 2011 se adjudicó a una empresa por 270.000 euros. El PSC, cuando acudió a la justicia, también puso de relieve el mantenimiento del aparcamiento Filadors, asegurando que un acuerdo de tres meses por 34.000 euros acabó prolongándose al menos otro año y medio por 10.000 euros al mes.

Los agentes registraron la empresa constructora Teyco

La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, avanzó que su partido suspenderá de militancia Oviedo, segundo teniente de alcalde, si resulta imputado. Mientras, CiU defendió en un comunicado “la presunción de inocencia” de los implicados” y cargó contra los agentes por “exposición mediática a la que se han visto sometidos durante el registro policial”.

Más de un centenar de personas se concentraron por la noche frente al Ayuntamiento condenando la gestión del equipo de gobierno. “¡Por fin!”, exclamaban varios vecinos en corrillos.