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El rector de la UCM requisó los discos duros del departamento de Anatomía II

José Carrillo dice querer “proteger” la información de los ordenadores que estaban en el edificio de la Facultad de Medicina donde se hacinaban los cadáveres

Vista general de una de las cámaras del departamento de Anatomía I, el que no hacinaba los cadáveres. Ampliar foto
Vista general de una de las cámaras del departamento de Anatomía I, el que no hacinaba los cadáveres.

Ante un escándalo de consecuencias incalculables para la Universidad Complutense, como el del hacinamiento indigno de cientos de cadáveres donados para la ciencia en los sótanos de la facultad de Medicina y los cursos de dudosa regularidad realizados con ellos, el rector José Carrillo tomó una medida sin precedentes (que se recuerden): llevarse los discos duros que registraban las operaciones, movimientos y transacciones que se habrían realizado desde y con los ordenadores del departamento de Anatomía II, el foco del escándalo.

Durante semanas han corrido por los pasillos de la facultad rumores acerca de que una empresa de informática desconocida —“no la de siempre”— había entrado en el departamento y se había llevado el contenido de las máquinas. “Entraron varios técnicos”, decían. Pero no. No se trataba, como pensaban muchos, de una empresa externa enviada por la Inspección de Trabajo o por la Fiscalía, que actualmente investigan el macabro caso que ha sacudido a la institución educativa más importante de Madrid. Se trataba de personal de la propia universidad, dependiente del Vicerrectorado de Innovación que dirige Manuel Mañas, quien prefirió que fuese el rector el que hiciese declaraciones al respecto.

“Se envió a varios técnicos de la Universidad para proteger la información y aportarla a la investigación que está abierta”, justificó el máximo responsable de la Universidad. Los materiales —no precisaron cuántos ordenadores— se requisaron casi al tiempo de conocerse el escándalo, justo después de que responsables del departamento de Anatomía II tratasen de sacar algunos de esos cadáveres amontonados en sus cámaras para deshacerse de ellos. Los cuerpos fueron interceptados por la Guardia Civil, que notificó los hechos al juzgado por observar indicios de un posible delito de falsedad documental.

“Los discos duros”, aclaró el rector, “están actualmente en poder de la Inspección de la Universidad que es quien está instruyendo el proceso de investigación interno para elaborar el informe correspondiente, pero si la Fiscalía los requiere se le facilitarán”.

En favor de la legalidad de esta inusual medida que podría colisionar con la Ley de Protección de Datos, desde el Rectorado se alude a que fue una decisión —“al igual que la de denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía”— tomada “de acuerdo con el servicio de Asesoramiento Jurídico de la Universidad”.

Pese a lo espeluznante de las imágenes que desataron la polémica publicadas por El Mundo, eran muchos —incluido Carrillo— los que aseguran que desconocían las condiciones en las que se trabajaba desde hace años en el departamento de Anatomía II, dirigido por el profesor José Ramón Mérida. “La Universidad está llena de reinos de taifas dentro de reinos de taifas”, comentan fuentes de los sindicatos. Tanto es así que, “incomprensiblemente” —en palabras del rector—, los dos departamentos de Anatomía —fusionados en uno solo desde el viernes pasado— funcionaban de manera autónoma históricamente —desde 1993, cuando se separaron por rivalidades internas—.

“¿Cómo se pueden hacer en uno las cosas bien y en otro tan mal?”, se preguntaba el rector. El uno tenía sus cámaras con los cadáveres donados para la investigación científica en perfecto estado de revista. El dos amontonaba cuerpos y los incineraba en un horno crematorio sin licencia —hoy en pleno desmantelamiento— desde años atrás. El uno organizaba “cursos de formación continua” para entidades o sociedades médicas a través de una empresa externa llamada Clover para eludir el canon de entre el 20% y el 25% que impone su gestión desde la Fundación Complutense. Y el dos directamente montaba también “cursos” o “alquilaba espacios” (con derecho a cadáver) desde su propia secretaría y pagaba “en mano” y, consecuentemente en negro, a sus técnicos, según han declarado ellos mismos ante la Inspección de Trabajo.

Aparte de las investigaciones de la Fiscalía, tras la denuncia de los hechos por parte del propio Carrillo —“por si pudieran ser constitutivos de delito”— y de la Inspección de Trabajo, la Universidad ha abierto una instrucción desde la Inspección de Servicio —actualmente “información reservada”, junto con los discos duros— y los sindicatos han solicitado una auditoría, que podría ser interna (desde el área de Intervención) o externa. Además, se le ha abierto un expediente disciplinario al profesor Mérida por su responsabilidad directa en el asunto.

Carrillo ha insistido en los últimos días en que “se irá hasta el final y no se tapará nada” y ha dejado claro que si hubiese habido, como indican las declaraciones de los técnicos, pagos bajo cuerda sería “ilegal” porque “un departamento no puede tener una financiación propia a través de una caja b, todo debe de pasar por la caja de la Complutense y pagarse por nómina, si la hay la cerraremos”.

¿De quién son los datos y de quién son los recursos?

La decisión de requisar los ordenadores del departamento de Anatomía, en cuyas cámaras se hacinan los cadáveres —hasta que en los próximos días empiecen a llevarse todos aquellos que ya no puedan ser usados para el estudio— no tiene una interpretación clara desde la lectura de la Ley de Protección de Datos. La cuestión es: ¿de quién son los datos y de quién son los recursos?

“Debe existir una política clara por parte de la Universidad en relación a la asignación de recursos materiales”, apunta Chema Alonso, experto en asuntos de seguridad en la Red. “Si se ha advertido a los usuarios previamente de que esos ordenadores estaban monitorizados por la institución —por ejemplo, por el simple hecho de que su correo tenía el dominio de la Universidad (.ucm)—, en ese caso, sí podrían requisarlos. Pero si no, no. Debe de haber un política clara y explícita al respecto”, insiste Alonso.

En opinión del juez de la Audiencia Nacional Eduardo Menéndez, que recientemente se ha especializado en esta área, tampoco está claro: “Puede tratarse de una actuación informada y realizarse una inspección limitada, un barrido para recoger lo que interesa en relación a la investigación, porque pueden estar sujetos a ese tipo de Inspección”, comentaba el magistrado, que asegura de no recordar ningun caso similar ni jurisprudencia al respecto.

En todo caso, según recogen los estatutos de la Universidad Complutense en el apartado de “Acciones judiciales” (artículo 9): “Corresponde al rector el ejercicio de cualesquiera acciones que se consideren pertinentes en ejercicio de sus competencias y en uso de los derechos e intereses de la Universidad. Asimismo y salvo disposición en contrario de estos estatutos, le corresponden las facultades de desistimiento, transacción y allanamiento”.

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