Un cargo de la Diputación exculpa a Baltar del fraude de las depuradoras

El exedil del PP en Ourense Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, que en 2002 aprobó una oposición de la Diputación, exculpó ayer ante el juez al expresidente provincial José Luis Baltar del supuesto fraude detectado por Bruselas en la adjudicación de 104 depuradoras financiadas con dinero comunitario. En su declaración ante el titular del juzgado de instrucción 2 de Ourense, Antonio Piña, el funcionario responsable del servicio de fondos europeos de la Diputación, que declaró en calidad de testigo, señaló únicamente al delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, vicepresidente del organismo provincial en aquella época. Rodríguez Nóvoa reconoció que aún “sabiendo conscientemente que el proyecto tenía que haber empezado mucho antes de que se decidiese la convocatoria”, y por tanto no cumplía con el requisito legal, “el grupo de gobierno tomó la decisión de firmar el contrato”.

Según consta en el acta de su declaración judicial, Rodríguez Nóvoa negó haber recibido indicaciones políticas para redactar los pliegos y destacó que se dirigía al entonces vicepresidente de la Diputación, Rogelio Martínez, para celebrar las reuniones y para hacer consultas. Sin embargo precisó, a preguntas del abogado del PSOE, que imaginaba que cuando consultaba con Martínez este lo hacía a su vez con Baltar, y con el interventor. Rodríguez Nóvoa reconoció además que es el grupo de gobierno de la Diputación, presidido por Baltar, “el que toma la decisión de firmar el contrato” con la adjudicataria, SMA, si bien aseguró que “no le consta” que la empresa tuviese información confidencial.

El funcionario se exculpó a sí mismo y aseguró que no participó en la redacción técnica del proyecto y que nunca tuvo relación con el representante de SMA que, según el extenso informe realizado por los técnicos anticorrupción de la UE, presentó una propuesta que se adaptaba como un guante a las exigencias de la Diputación. Pese a que los pliegos “exigieron requisitos no indispensables para el objeto de contrato”, sostienen los técnicos de Bruselas que “sin embargo, la empresa SMA cumplía con todos” por lo que entiende que conocía información “de la que carecían” el resto de competidoras. Rodríguez Nóvoa calificó ante el juez de “osadas” las manifestaciones de los expertos de la Unión Europea.